El paisaje del oasis mendocino, forjado durante más de un siglo a fuerza de agua, trabajo e inversión social, atraviesa uno de sus tramos más oscuros. La firme denuncia pública formulada por la Asociación de Viñateros de Mendoza sobre el abandono masivo de fincas y el erradicado silencioso de hectáreas cultivadas ya no es un enunciado abstracto ni una advertencia preventiva: es la constatación de una realidad palpable que recorre los caminos rurales de San Rafael y del conjunto de la provincia. Esta parálisis productiva no es el resultado de una catástrofe climática imprevista, sino la consecuencia directa de una tenaza perfecta conformada por el repliegue del Estado nacional, el viraje de las prioridades provinciales y un mercado interno aplastado por el desplome del consumo.
En el plano nacional, la aplicación de un dogma de libre mercado a ultranza ha dejado al eslabón más débil de la cadena productiva en una situación de absoluta intemperie. La desregulación extrema, que tuvo en el despiece y la quita de facultades operativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) su caso testigo, significó la renuncia explícita del Estado a su rol de árbitro en el sector. Tal como lo vienen señalando con crudeza las entidades viñateras, sin mecanismos de fiscalización ni herramientas que nivelen la histórica asimetría entre el pequeño productor y los grandes grupos concentrados, el precio pagado por la uva ha quedado sistemáticamente por debajo de los costos reales de explotación. En la Argentina actual, producir uva se ha transformado en una actividad que arroja pérdidas garantizadas.
A este escenario de abandono federal se le suma la reconfiguración del esquema económico impulsado desde el Gobierno provincial. Mientras el discurso oficial concentra sus mayores esfuerzos, subsidios y gestiones en la promoción de la actividad minera como la panacea para la matriz local, la agricultura tradicional sufre un paulatino desmantelamiento de sus sostenes históricos. La eliminación de la lucha antigranizo —un sistema de mitigación indispensable para resguardar el trabajo de todo un año— y la eliminación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento como herramienta crediticia accesible dejan al productor solo ante la inclemencia del clima y sin liquidez para sostener sus labores culturales.
El cuadro se torna definitivamente insostenible al observar la dinámica de la demanda. La erosión constante del poder adquisitivo de los hogares ha provocado una caída drástica en el consumo de vino en el mercado interno, generando una acumulación de sobrestocks que empuja las cotizaciones a la baja. Para el viñatero de nuestro departamento, que debe afrontar tarifas eléctricas desmedidas para el riego de pozo, insumos dolarizados y combustibles al alza, la ecuación económica ha dejado de existir.
El resultado final de este modelo es el apagado de bombas, el secado de hileras y la venta a precio de remate de tierras que supieron ser el motor del desarrollo regional. Cuando una finca se abandona, no solo se pierde un activo económico; se destruye tejido social, se acelera el desarraigo rural y se erosiona el modelo de convivencia alrededor del recurso hídrico. La vitivinicultura mendocina no está atravesando una crisis cíclica más; enfrenta una amenaza de carácter terminal si las decisiones políticas continúan ignorando las denuncias del sector y priorizando la desregulación por encima del valor de la producción local.
