La Asociación de Protección Integral al Discapacitado (APRID) de San Rafael, Mendoza, enfrenta un juicio penal por la usurpación de un lote de su propiedad ubicado en la calle Cangallo al 510. El conflicto comenzó luego de que un particular ocupara de forma ilegal y cercara el predio, impidiendo el control del inmueble por parte de la entidad.
La ocupación fue descubierta por las autoridades de la institución especial justo cuando planeaban poner a la venta el lote. Este dinero estaba destinado a financiar la construcción de su edificio propio en un terreno diferente, el cual fue donado por la Municipalidad en el barrio Ruca Hué.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), el abogado patrocinante de la entidad, el doctor Santiago Rentería, detalló los antecedentes de la donación efectuada en 1998, la usurpación consumada en 2024 por parte de un vecino colindante y las instancias legales en curso a la espera de la audiencia final y la sentencia civil.
Origen del terreno y antecedentes de la donación
Al principio de la nota, Rentería explicó que el inmueble en litigio ingresó al patrimonio de la institución a finales de la década del noventa, consolidando una posesión pacífica e ininterrumpida que inicialmente estaba destinada a levantar un centro propio para las actividades de la asociación. «APRID se hace del terreno a través de una donación efectuada en octubre de 1998, sin ningún tipo de cargo ni obligación por parte de la institución, realizándose la transferencia de dominio en forma perfecta, plena, pública y pacífica», aseguró.
«A lo largo de los años la entidad mantuvo la titularidad. Sin embargo, en el año 2016 un vecino de la zona se acercó a la comisión directiva solicitando permiso para dejar un camión y algunas herramientas mecánicas, una autorización que le fue concedida de buena fe por tratarse de un terreno particular con un frente angosto que luego se amplía», contó.
Usurpación, cerramiento inconsulto y acciones legales
El conflicto escaló en agosto de 2024, cuando las nuevas autoridades descubrieron que el colindante había instalado un portón metálico para cerrar el acceso al predio, desconociendo los reclamos formales y obligando a la institución a judicializar el caso por la vía penal y civil. «En agosto de 2024 las autoridades advirtieron que se había cerrado el pequeño frente del terreno con un portón. Tras constatar que la maniobra había sido realizada por este vecino bajo el argumento de la seguridad del lugar, se le envió una carta documento a la que hizo caso omiso, lo que motivó la denuncia penal por usurpación y la posterior interposición de una acción real de reivindicación en el ámbito civil», prosiguió exponiendo.
«Durante el proceso civil el demandado argumentó una supuesta prescripción liberatoria y alegó supuestos adelantos o mejoras, algo jurídicamente improcedente ya que el mero paso del tiempo o la falta de uso material no hacen perder el derecho de propiedad legítimamente adquirido y defendido ante una ocupación irregular», aseveró.
Impacto institucional y la necesidad de destrabar el patrimonio
En otro tramo de la entrevista, el letrado remarcó la importancia social de APRID para la comunidad sanrafaelina y subrayó que la urgencia del fallo judicial radica en la posibilidad de comercializar el terreno para invertir esos fondos en la obra definitiva sobre otro predio cedido por el municipio. «APRID es una institución sumamente querida por todos los sanrafaelinos cuya labor no puede verse afectada por un precedente peligroso donde alguien pretenda apropiarse de un bien ajeno simplemente porque no se encontraba construido en forma inmediata», declaró.
«La urgencia de la institución en destrabar esta situación judicial radica en que el objetivo actual es vender esta propiedad para aplicar los recursos a la construcción de la nueva sede en un terreno que la Municipalidad le donó hace pocos años en una ubicación mucho más favorable para su labor diaria. Confiamos plenamente en que la justicia ratificará el derecho de la asociación en la audiencia final prevista para fines de octubre», añadió.
Instancia procesal, etapas de la audiencia final y radicación judicial
Para conocer en detalle los plazos procesales que restan para destrabar el litigio, el abogado patrocinante explicó cómo se desarrollará la etapa final del expediente y ratificó las expectativas institucionales ante el juzgado interviniente. «Estamos convencidos de que el fallo será satisfactorio porque asiste la razón tanto en los hechos como en el derecho, aunque en un proceso judicial nunca se puede dar un resultado por sentado hasta conocer la resolución definitiva», dijo.
«A fines de octubre se llevará a cabo la audiencia final, una etapa clave del proceso donde se presentarán los testigos y se realizarán los alegatos para fundamentar ante la jueza las pruebas reunidas a lo largo de la causa», agregó.
«El expediente se encuentra radicado en el fuero civil, instancia que definirá la restitución del bien inmueble para que la institución pueda avanzar con sus proyectos edilicios», completó.
