A un año del crimen de Báez Sosa: el plan para matar a traición y qué le hace falta a la Justicia para llevar a los rugbiers a juicio

De acuerdo con el fiscal general de Dolores, y según consta en el pedido de elevación a juicio de 343 páginas, el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvo planeado y hubo una división de roles para atacar a traición.

“Lo que se sostiene es que hubo un altercado, una pelea previa dentro del boliche, entre los amigos de la víctima, la víctima y estos muchachos. A raíz de este altercado, a los ocho imputados los sacan del lugar”, explica Escoda, acerca del momento que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local bailable Le Brique, donde ambos grupos coincidieron esa noche.

Una vez en la calle, para ejecutar el plan, los ocho rugbiers se dividieron: cinco de ellos (Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli y Blas Cinalli) fueron a buscar a Fernando, “lo tomaron desprevenido y de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”. Cuando el joven de 18 años cae al piso, y “aprovechándose aún más de esa situación de indefensión”, proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó su deceso en forma casi inmediata, al causarle “un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo”.

Mientras todo eso sucedía, los otros tres (Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi) formaron “una especie de cordón” para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y, además, los golpearon varias veces.

El cantero y el árbol donde Fernando fue asesinado (Diego Medina)

La investigación está terminada sin medidas de pruebas pendientes y el 17 de noviembre pasado la fiscal Zamboni pidió que el caso pase a juicio oral. Las imputaciones contra los ocho acusados son no solo por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, que comprende la pena de prisión perpetua. También incluyen las acusaciones de lesiones leves por la golpiza a los cinco amigos de Báez Sosa, que estuvieron presentes en la noche del crimen.

Con respecto a Juan Guarino y Alejo Milanesi, no pudieron ser ubicados en la trama del hecho, ni acusados como encubridores, por lo que se pidió su sobreseimiento. El planteo de la fiscal Zamboni fue avalado por Escoda. Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, coincidieron en la elevación a juicio de los ocho rugbiers y el sobreseimiento de Guarino. Pero pidieron que Milanesi también vaya a juicio. Explicaron en su presentación que tiene un rasguño en uno de sus brazos que podría ser de la pelea y que un testigo lo identificó parcialmente en la rueda de reconocimiento.

Con las posturas de los acusadores ahora le toca opinar a la defensa de los rubgiers que está a cargo del abogado Hugo Tomei. Tiene plazo para hacerlo hasta el 1 de febrero, cuando se retome la actividad judicial tras la feria de enero. Puede pedir que vayan a juicio, su sobreseimiento o algún planteo de nulidad de la causa, como ya hizo durante la investigación del crimen.

Cuando la defensa conteste, el juez Mancinelli tiene cinco días para resolver. Cualquier decisión que tome puede ser revisada por la Cámara Penal de Dolores.

Guarino y Milanesi: su situación deberá ser definida en las próximas semanas (Diego Medina)

El juicio: por jurado popular o tribunal

Se descuenta que la decisión será la de enviar a los acusados a juicio. Cuando eso ocurra el juez deberá convocarlos a una audiencia oral -por la pandemia será por videoconferencia- para hacerles a cada uno una pregunta que será clave para el futuro del juicio: si quieren ser juzgados por un jurado popular de 12 ciudadanos o por un tribunal de jueces.

En la provincia de Buenos Aires hay juicios por jurados desde 2015 y su ley 14.543 establece que es el acusado el que decide la forma en que quiere ser juzgado. Acerca del juicio, Diego Escoda sostiene que la intención es hacerlo este año.

”Sé por algunos trascendidos, que la defensa optaría por el caso de juicio por jurado”, revela el fiscal general, sobre la estrategia a la que podrían recurrir los rugbiers y explica los motivos. “Los jurados se componen de doce miembros. Para que haya una condena se necesita que diez de esos doce miembros estén de acuerdo. Sin embargo, en los casos de condena a prisión perpetua es necesario que haya unanimidad. Entonces, con que uno de ellos quede convencido de que no corresponde la pena de prisión perpetua, ya no es perpetua. A lo mejor la defensa apela a algún argumento de tipo emotivo: ‘Que son chicos’, ‘Que tienen 19 o 20 años’ para así evitar los agravantes y llegar a un homicidio simple de 8 a 25 años”, explica Escoda.

La ley de juicio por jurados establece también que si no se alcanza la unanimidad para los casos de prisión perpetua pero sí hay nueve votos para condenar, el juicio se tiene que realizar otra vez.

Este fin de semana, información de Télam detalló que la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, descartará la opción del jurado por considerar que la imparcialidad no estaba garantizada. Sin embargo, ningún pedido fue presentado hasta el cierre del horario judicial el viernes último en el Juzgado de Garantías N°6.

Los ocho imputados, actualmente están detenidos en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero en La Plata (Marcos Gómez)

Los ocho rugbiers pidieron seguir presos pero en sus casas. Invocaron que no están condenados por lo que son técnicamente inocentes, que tienen un arraigo -un domicilio- donde continuar la detención y que pueden ser controlados por una pulsera electrónica. El juez Mancinelli pidió tres informes antes de decidir. Uno fue determinar si sus domicilios son aptos para el monitoreo de la pulsera y otro un estudio socioambiental en sus casas. Los dos fueron favorables. Resta un peritaje psicológico sobre cada uno de los acusados que se demoró por la pandemia del coronavirus y que se realizará entre el dos y el 11 de febrero. Cuando estén los resultados, el juez podrá decidir si siguen en la cárcel de Dolores o les otorga la detención domiciliaria.

Según la Ley 24.660, la prisión domiciliaria está prevista para mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de un menor de 5 años o discapacidad y enfermos terminales. “De lo contrario, tiene que haber circunstancias de excepción que convenzan al juez que no existe peligro de fuga, ni entorpecimiento de pruebas. Desde mi punto de vista, es difícil que les otorguen la domiciliaria”, apunta Escoda.

El fiscal general, a un año del crimen de Báez Sosa, tiene un anhelo: “Esperamos que se lleve adelante el juicio y que los padres de la víctima, puedan seguir adelante con su vida, con alguna sensación de que hubo Justicia. Por supuesto nada ni nadie va a reparar la pérdida de un hijo, de una vida humana. Por más perpetua, o por más pena que haya, es irreparable”.