A dos años de la entrada en vigencia de la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo, en Mendoza se han realizado 6.809 abortos.
En detalle, la provincia pasó de atender 2.916 casos en 2021 a 3.893, en 2022. Cifra que representa un incremento del 33%.
El número surge del informe que presentó la semana pasada el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ante la Cámara de Diputados, donde brindó detalles sobre su gestión.
Entre las 1.672 preguntas que debió contestar el flamante jefe de Gabinete y que quedaron plasmadas en un documento público, se lo indagó sobre la cantidad de abortos realizados y la inversión total y por cada procedimiento.
A su vez, se le pidió que especifique cuántos fueron efectuados con más de 20 semanas de gestación y mediante qué método.
“De acuerdo con los informes de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud, en el año 2021 se registraron en todo el país 73.487 interrupciones y en 2022, 79.830”, inicia el escrito de Rossi, que aclara que esto incluye tanto IVE (interrupción voluntaria del embarazo) como ILE (interrupción legal del embarazo), sin especificaciones.https://flo.uri.sh/visualisation/13319010/embed
Provincia por provincia
Durante ese periodo, la provincia con más pacientes tratadas fue Buenos Aires, con 33.147 procedimientos en 2021. Después de un año, ese número se redujo a 25.135, lo que representó una disminución porcentual del 24%.
A esta le siguió Ciudad de Buenos Aires, con 8.847 casos tratados en 2021 y 9.961 en 2022, con un aumento del 12%, y Santa Fe con 4.383 y 6.645, respectivamente en esos años, con una suba del 51%.
Del informe también se desprende que, pese a no ser las provincias más pobladas del país, Salta y Tucumán ocupan el cuarto y quinto puesto en cantidad de intervenciones, por delante de Córdoba.
Salta pasó de registrar 3.020 abortos a 4.721, un 56% más, de un año a otro. Mientras que Tucumán el ascenso fue de 4.162 a 4.701, con un incremento del 12%.
En cuanto a Córdoba, acumuló 4.023 ILE/IVE en 2021 y 4.573 en 2022.
Por su parte, en Mendoza se realizaron 2.916 procedimientos y 3.893, respectivamente, en los periodos mencionados.
Salvo La Pampa, que llegó a tener 1.075 intervenciones el primer año de aplicación de la ley y cerró en 416, el año pasado, siendo la jurisdicción con menos registros, el resto de las provincias se mantuvieron con 500 a 1.000 abortos anuales.
“En relación con la edad gestacional de las prácticas, se trata de datos consignados en las historias clínicas de las personas que acceden y en las estadísticas de servicios. La DNSSR no dispone de información agregada en este sentido”, aclaró el jefe de Gabinete en su descargo.
Mayor acceso a la información
Valentina Albornoz, jefa del Programa Provincial de Salud Reproductiva, aclaró que los números expuestos por Nación se establecieron en torno a la medicación distribuida por región y no sobre las prácticas efectivas. Aunque señaló que el Ministerio de Salud local maneja datos similares o “un poco menores”.
Se realizan, en este sentido, más interrupciones voluntarias que legales del embarazo, repitiendo las estadísticas a nivel mundial, aunque la funcionaria no especificó cifras.
Para explicar el incremento que se dio de un año tras otro, hizo hincapié en la “capacidad instalada” de la práctica que se dio desde la puesta en vigencia de la ley.
“Se mejoraron las vías de acceso”, dijo Albornoz, quien especificó que este tipo de fluctuación se da en cualquier aplicación de una política sanitaria hasta que se estabiliza.
En cuanto a los obstáculos a la hora de llevar adelante la interrupción, entre ellos la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, consideró que se vieron “las dificultades propias de una práctica que tiene sus tamices personales y sobre todo, de ser algo nuevo”.
En este sentido, hizo hincapié en que se garantizó el derecho en todos los hospitales y centros sanitarios para su atención o derivación correspondiente, así como también, se sumaron capacitaciones constantes.
Según consigna el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de esta ley, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo:
– Hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión
– Cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.
Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto, más allá de sí el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la norma, y al acceso a métodos anticonceptivos.
Albornoz especificó que el riesgo se ha reducido al mínimo y que actualmente se utiliza la misoprestona, que frente misoprostol, solo requiere una toma y sus efectos secundarios son menores.
Las consultas tanto para la práctica como para las consejerías pueden hacerse en cualquier hospital o centro de salud y es por demanda espontánea.
El costo de la práctica
Otras de las consultas que respondió Rossi, pero en la que no brindó detalles precisos y eligió citar estudios donde se estima el gasto promedio, fue cuando se lo consultó por el costo de las prácticas.
Argumentó que los recursos que se optimizan e incluso ahorran con la implementación de las interrupciones voluntarias y legales del embarazo, como prácticas seguras, eficaces y de bajo costo, frente a procedimientos clandestinos y con las complicaciones que podrían provocar.
“Si bien los costos individualizados de cada procedimiento varían de acuerdo con una serie de condiciones, existen estudios estimativos que analizan la diferencia de los costos públicos en un contexto de abortos legales respecto a los abortos clandestinos”, comenzó.
Y en otra parte, se puntualizó que en 2021 el total de muertes por aborto fue de 13, en comparación con 23 casos el año anterior a la aprobación de la Ley.
En este sentido, y teniendo en cuenta para la cuantificación un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, para Nación, “los costos totales en el peor de los escenarios bajo prácticas legales y seguras alcanzan los 9.287 millones de pesos en promedio. Mientras que, en el escenario de ilegalidad e inseguridad de la práctica, el costo es de 51.902 millones pesos, es decir, 5 veces más”.
Fuente: El Sol
