El conflicto entre el Gobierno y los anestesiólogos todavía no llegó a buen puerto y no hay arreglo entre las partes para que los profesionales retomen sus prestaciones. Desde la renuncia masiva de unos 68 médicos, el Ministerio de Salud impulsó y logró la aprobación de la Ley de Emergencia en el servicio, que prevé sanciones por la conducta de estos médicos. Es por eso que la intervención del Consejo Deontológico será clave para determinar el futuro profesional de los anestesistas.
En las últimas semanas, con miles de cirugías atrasadas y postergadas en los hospitales públicos, el Ejecutivo notificó a los profesionales para que volvieran a trabajar. Ante la negativa de los médicos, se iniciaron los sumarios a cuatro profesionales y según informaron desde la cartera sanitaria, todos los días están saliendo nuevos procesos sumariales.
La normativa, que se aprobó por 120 días, prevé la suspensión de la matrícula para los anestesiólogos que se nieguen a trabajar, por lo que podrían estar suspendidos en sus funciones de un mes a cinco años.
«Ya está armado el expediente, está dictada la resolución y se comienza una investigación sumarial que esperemos hacerla lo más breve posible en los tiempos que están claramente establecidos en la ley para el derecho de la defensa, pero no obstante se ejerza de una manera muy rápida para imponer las sanciones”, explicó la semana pasada la ministra de Salud, Ana María Nadal.
Qué es el Consejo Deontológico
Al tratarse de profesionales de la salud, el Consejo Deontológico es el encargado de emitir un dictamen sobre cada caso. Si bien esa opinión no es vinculante, y la última palabra la tiene la ministra de Salud, la historia da cuenta que en general los funcionarios no se han apartado de la palabra de ese órgano. Y en caso de cambiar esa decisión, la ministra deberá fundamentar.
Este órgano asesor fue creado por la Ley Nro. 2.636 en el año 1959 y tiene dos decretos reglamentarios; el 2.806 del año 2000 y el 377 del 2006.
Según se establece en la normativa, la finalidad es “velar para que el ejercicio de cada profesión que reglamenta la Ley se cumpla dentro de las normas legales y éticas”. Entre sus facultades está la de dictaminar sobre sanciones a profesionales en el ejercicio de su actividad.
En total, en la provincia hay 15 Consejos Deontológicos (por profesión) y el que se encarga de definir el destino de los anestesiólogos es el de los médicos. El órgano está integrado por cinco miembros, uno correspondiente al sector gremial, mientras que el resto es elegido por los profesionales de cada rama.
“El Consejo vela por el ejercicio de la profesión. En el caso de que se denuncie alguna conducta, en contra de las normativas vigentes, tiene que intervenir. Proponen un sumario para que se investigue la conducta de los profesionales”, explicaron desde la cartera sanitaria.
Entre los requisitos para formar parte, los médicos deberán tener un mínimo de diez años en el ejercicio profesional y duran tres años en la función con la opción de ser reelegidos.
La ley estableció también que las sesiones son secretas con previa convocatoria del ministerio, a solicitud de entidades gremiales o a pedido de un consejero. Las actuaciones son escritas y luego las conclusiones son elevadas al ministro de turno.
Fracasó la conciliación
Este martes fracasó la audiencia de conciliación entre el Gobierno y el exvocero de los anestesiólogos autoconvocados, Arturo Salassa, que había pedido la suspensión de la Ley de Emergencia. Ahora, la jueza del Primer Tribunal de Gestión Asociada, María Paz Gallardo, deberá resolver la cuestión de fondo.
“La ley de emergencia establece el modo de resolución del diferendo, mientras funcione la mesa de diálogo, los temas se resuelven ahí”, explicaron desde la Casa de Gobierno.
El 6 de junio, Paz Gallardo rechazó “in limine” la medida que presentó el médico y convocó a la audiencia de conciliación. En representación del Ejecutivo se presentó el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, pero no se llegó a un entendimiento.
Fuente: El Sol
