La ministra de Salud, Ana María Nadal, mantendrá este lunes una reunión con la oposición en la Legislatura en busca de apoyo para declarar la emergencia en el servicio de anestesiología a raíz de la renuncia masiva de estos médicos.
Durante el encuentro, la funcionaria de Rodolfo Suarez intentará logra el respaldo del sector opositor para darle tratamiento sobre tablas al proyecto, ya que el Ejecutivo tiene apuro por sacarlo y no hay tiempo de que pase por comisiones.
Para eso el oficialismo necesita conseguir los dos tercios de los votos y ese será el objetivo durante las reuniones que Nadal tendrá con los presidentes de bloque.
El escenario con respecto a la votación por ahora es de incertidumbre, teniendo en cuenta que el Frente de Todos atraviesa una crisis interna entre algunos peronistas y referentes del kirchnerismo. Por su parte, el senador del Frente de Todos, Gerardo Vaquer, se reunió el fin de semana con un grupo de anestesiólogos de hospitales públicos.
“Me comprometí a hacer todo lo que esté a mi alcance para que, por intermedio de nuestro bloque de Senadores del Frente de Todos – Partido Justicialista, acerquemos un principio de solución al Ejecutivo y, a través del diálogo y el reconocimiento salarial a los trabajadores de la salud que dieron todo durante la pandemia, se recupere la normalidad en los cronogramas de cirugías actualmente en estado crítico”.
La idea del Ejecutivo es poder tratar el proyecto en una sesión especial que tendrá la Cámara de Diputados el martes, teniendo en cuenta que el miércoles es feriado por la realización del censo.
Mientras tanto, los profesionales realizarán una protesta afuera de la Legislatura para manifestar su repudio al proyecto oficialista. También fueron invitados médicos de otras especialidades para apoyar el reclamo.
En concreto, el gobierno de Suarez busca declarar la emergencia en el servicio de anestesiología por un plazo de 18 meses. En la normativa se establece que las renuncias de los profesionales del sector público «se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma». Una vez efectiva su dimisión, no podrán ocupar cargos públicos o ser nuevamente contratados en la Administración Pública Provincial durante 5 años.
Fuente: El Sol
