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jueves 26, de mayo , 2022

Argentina retrocedió 18 lugares en el ranking mundial que mide la corrupción

Argentina volvió a empeorar en el Índice de Percepción de la Corrupción, este dato se conoció en la última edición del indicador elaborado por Transparencia Internacional y difundido esta mañana en Berlín (Alemania), sede central de esta organización no gubernamental (ONG) líder en la lucha contra la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero para los muy corruptos, a cien, el máximo puntaje para los más limpios.

La mejor posición de Argentina en el Índice fue en 2019, cuando subió 19 posiciones y obtuvo su mejor desempeño desde 2012 con 45 puntos. Ese último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina quedó en el puesto 66, treinta lugares más arriba que el último Índice del 2021. Por otro lado, la peor performance había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.

A la cabeza, vuelven a ubicarse Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos. Estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe del Índice Democrático. Somalía y Siria, con 13 puntos, y Sudán del Sur, con 11 sobre 100, obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del Índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles.

“Dos años después de la devastadora pandemia de COVID-19, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año revela que los niveles de corrupción siguen estancados en todo el mundo. A pesar de los compromisos sobre el papel, 131 países no han logrado avances significativos contra la corrupción durante la última década, y este año 27 países se encuentran en un mínimo histórico en su puntaje del IPC. Mientras tanto, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo están bajo ataque”, aseguran en el sitio oficial de Transparency Internacional.

Por su parte, los países que experimentan conflicto armado o autoritarismo tienden a obtener los puntajes más bajos, incluidos Venezuela (14), Afganistán (16), Corea del Norte (16), Yemen (16), Guinea Ecuatorial (17), Libia (17) y Turkmenistán (19) .

La corrupción socava la capacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto afecta la prestación de servicios públicos, la impartición de justicia y la provisión de seguridad para todos. En particular, la gran corrupción cometida por funcionarios de alto nivel suele combinar el robo transnacional a gran escala de fondos públicos con graves violaciones de los derechos humanos”, aseguran desde el sitio oficial.

«La corrupción puede ser un problema multifacético, pero sabemos cómo resolverlo. Hacemos un llamado al público para que exija que los gobiernos actúen de acuerdo con sus propios compromisos contra la corrupción y los derechos humanos, algunos de los cuales tienen décadas de antigüedad y siguen sin cumplirse. Muchos de los éxitos anticorrupción en la historia reciente se han debido a los esfuerzos incansables y coordinados de la gente común, que ha asumido grandes riesgos personales para lograr el cambio», confirman. 

Aseguran que para terminar con el círculo vicioso de corrupción, violaciones de derechos humanos y declive democrático, las personas deben exigir que sus gobiernos:

  1. Defender los derechos necesarios para que el poder rinda cuentas. Los gobiernos deben revertir las restricciones desproporcionadas a las libertades de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Garantizar la justicia por los crímenes contra los defensores de los derechos humanos también debe ser una prioridad urgente.
  1. Restaurar y fortalecer los controles institucionales sobre el poder. Los órganos de supervisión pública, como los organismos anticorrupción y las entidades fiscalizadoras superiores, deben ser independientes, contar con los recursos necesarios y estar facultados para detectar y sancionar las irregularidades. Los parlamentos y los tribunales también deben estar atentos para evitar la extralimitación del poder ejecutivo.
  1. Combatir las formas transnacionales de corrupción. Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las debilidades sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o sancionada. Deben cerrar las lagunas legales, regular a los facilitadores profesionales de delitos financieros y garantizar que los corruptos y sus cómplices no puedan escapar de la justicia.
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