La Justicia definirá si el acusado continúa detenido por el robo, la matanza y el faenamiento de un caballo en Villa Atuel. Desde una ONG protectora de equinos reclaman prisión efectiva y una condena ejemplar por el impacto social del hecho.
Este miércoles se realizará en General Alvear una audiencia determinante en el marco de una causa que conmocionó a la comunidad de Villa Atuel y reavivó el debate sobre la crueldad animal y el abigeato en el sur mendocino. El proceso judicial tiene como eje el robo, la muerte y el posterior faenamiento de un caballo llamado Lolo, un animal de uso doméstico que formaba parte de una familia de la zona. En esta instancia, la Justicia deberá resolver si el imputado continúa detenido o accede a algún tipo de beneficio procesal, mientras avanza la investigación.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Jerónimo Allende, integrante y abogado de PEMPA, la ONG que acompaña la causa y trabaja en la protección de equinos, brindó detalles del estado judicial del expediente y del pedido que impulsan como querellantes. “Lamentablemente, Villa Atuel vuelve a hacer noticias, como fue anteriormente en el 2024 con el caso Ágata, esta vez con Lolo, un caso, nuevamente, de crueldad extrema hacia un equino”, señaló.
Allende explicó que el hecho ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de diciembre, y que el acusado permanece detenido desde ese último día. “Mañana a las 10 horas, en el juzgado penal colegiado de Alvear, está la audiencia de prisión preventiva porque esta persona está detenida desde el día 10 de diciembre. Mañana lo que se debate es si esta persona sigue detenida en el penal, como ocurre actualmente, o hay alguna salida alternativa”, precisó.
Según relató, el caballo fue sustraído de su entorno familiar, asesinado de manera violenta y luego faenado. “Fue arrebatado de su familia, que lo crió desde pequeño para posteriormente causarle una muerte totalmente cruel, un sufrimiento indescriptible y un posterior faenamiento y despostado del mismo”, afirmó. Por una cuestión de jurisdicción, la causa es instruida por la unidad fiscal de General Alvear.
El imputado está acusado actualmente por el delito de abigeato, contemplado en el artículo 167 ter del Código Penal, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. No obstante, Allende aclaró que esa calificación no se define en esta audiencia. “Mañana no se discute la calificación, eso va a ser una audiencia posterior en la acusación. Mañana se define si él sigue detenido”, explicó.
Uno de los puntos centrales que refuerza el pedido de prisión preventiva es la situación procesal previa del acusado. Allende detalló que contaba con una suspensión de juicio a prueba vigente por otros delitos. “Él tenía una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en curso, que se le dictó en noviembre del año pasado, por dos delitos, en otras causas, por daños en la vida pública y por amenaza. Esa suspensión tenía reglas de conducta que cumplir, entre ellas no cometer delitos”, sostuvo. En ese marco, indicó que ese beneficio quedó revocado. “Por ende, se revoca ese beneficio de suspensión del juicio a prueba. Por eso está detenido desde ese momento”, remarcó.
Desde PEMPA confían en que la resolución judicial mantendrá la detención y siente un precedente. “Tenemos toda la fe y confianza que va a ser favorable y va a continuar detenido en el penal. Cuando se logre una condena, va a ser en efectivo, si los jueces así lo consideran, que entendemos que sí, por una cuestión de lógica y de justicia”, expresó Allende, quien agregó que el reclamo no se limita al caso puntual. “No sólo por Lolo, sino porque es un peligro potencial para toda la sociedad, tanto de Alvear como de San Rafael”.
El abogado también hizo hincapié en el fuerte impacto social que generó el hecho en Villa Atuel. “La gente nos decía un mensaje muy claro: cuando él está detenido, el pueblo está en paz. Eso creo que es suficiente para que los jueces entiendan que esta persona no puede estar en libertad”, afirmó.
En paralelo, la ONG solicitó a la Fiscalía que se amplíe la imputación e incluya el delito de maltrato animal, en concurso con el abigeato. “Hemos solicitado la ampliación en concurso del maltrato animal, porque la muerte que se le causó, apuñalándolo a Lolo, haberlo maniatado, inmovilizado, todo eso genera un sufrimiento indescriptible”, indicó. Si bien reconoció que la ley de maltrato animal es antigua, remarcó su importancia jurídica. “Es una ley muy antigua, la 14.346, pero en la jurisprudencia toma mucha más fuerza para sostener la detención y una pena efectiva”, sostuvo.
Allende confirmó que el reclamo por justicia es sostenido por la comunidad y pidió colaboración a posibles testigos. “Ese pueblo es el que pide que esta persona sea detenida. Sabemos que hay testigos, no del hecho puntual, pero sí de momentos posteriores, gente que vio a esta persona ofreciendo la carne, gente que lo vio con ropa ensangrentada. Les pedimos que se comuniquen, que no tengan miedo”, manifestó. En ese sentido, agregó: “Ponerse un minuto en el lugar de Lolo hace la diferencia. Cuando la gente se involucra, las condenas son ejemplares”.
Finalmente, se refirió al vínculo del animal con su familia y al acompañamiento que realiza la organización. “Era un miembro más de su familia, criado desde pequeño. Para nosotros es indistinto si es persona humana o no humana, porque todos sienten y todos sufren”, expresó, al tiempo que destacó el impacto colectivo del caso. “No solo es el daño a esta familia y a Lolo, sino el impacto social que ha tenido este caso. Queremos que Lolo sea un antes y un después”.
