Desde el Observatorio de Seguridad Vial señalan que la cantidad de víctimas fatales en Mendoza es mucho mayor a la informada por el Estado y reclaman políticas públicas que incluyan educación vial desde la infancia.
La creciente cantidad de accidentes viales con víctimas fatales registrada en los últimos meses encendió una alarma social en toda la provincia. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el titular del Observatorio de Seguridad Vial, Hugo Fiorens, analizó la situación y explicó por qué la percepción de que “este año está muriendo más gente en las rutas mendocinas” no es solamente una sensación. Según explicó, la cifra real de personas fallecidas es marcadamente superior a la informada por organismos oficiales.
Para contextualizar el debate, Fiorens recordó que “durante el año 2024 fallecieron 181 personas y en lo que llevamos de este año 168”, aunque aclaró que aún resta atravesar diciembre, históricamente uno de los meses más críticos. No obstante, subrayó que la fuerte repercusión pública de episodios recientes, como el siniestro en Alta Montaña y otros hechos ocurridos en el centro sanrafaelino, generaron una sensibilidad social mayor.
Consultado sobre el origen de los datos, detalló que no provienen de estadísticas oficiales: “Este observatorio nuestro es de voluntarios, una organización social que hace veinticinco años trabaja en la prevención. Tenemos nuestro propio registro, basado en todo lo que se publica en los medios de comunicación de la provincia”. En ese sentido, remarcó que la metodología utilizada es más amplia que la del Estado, ya que incorpora casos de personas que fallecen posteriormente en centros asistenciales, lo que modifica sustancialmente los resultados.
El especialista explicó que existen tres formas de medir la mortalidad vial. Una es la cifra gubernamental, que contabiliza únicamente a quienes mueren en el lugar del hecho. La segunda, la que emplea el Observatorio, contempla todos los decesos informados en medios provinciales. La tercera incluye víctimas que fallecen semanas o meses después: “A estas cifras que yo he dado hay que sumarle un treinta por ciento más aproximadamente, que son las personas que pueden haber fallecido en fechas posteriores del accidente”, indicó. Bajo este criterio, las 168 muertes registradas hasta el momento se transforman inmediatamente en un número cercano a 200 y, según las tendencias anuales, la proyección oscila entre 220 y 240 fallecidos.
Para Fiorens, la raíz del problema es clara: “Cuando se minimiza el problema a nivel de Estado, hablemos de oposición o de oficialismo, cuando las cifras oficiales las disminuimos para que no genere un impacto de que no se hace nada, ocurre todo lo contrario: sigue muriendo gente y no se hace nada”. A su juicio, la falta de reconocimiento del problema impide que se destinen recursos y energías a prevención, control y educación.
El referente del Observatorio insistió en la importancia de incorporar la educación vial en todos los niveles escolares, tal como sucede en países desarrollados. “Cuando una persona llega a los dieciocho años ya tiene incorporada la prevención y el uso responsable de la vía pública”, sostuvo. En contrapartida, lamentó que en Argentina la temática no forme parte central de la agenda pública.
También apuntó a la disponibilidad de información oficial como un factor preocupante. “El gobierno no puede dar una cifra de 112 fallecidos. Tiene todas las herramientas para tener la cifra exacta, porque manejan el Ministerio Público y tienen los datos de los hospitales”, señaló. Para Fiorens, la decisión de presentar estadísticas reducidas responde a una falta de voluntad política: “No tienen incorporado que la seguridad vial sea un tema de la política. Es un tema social que impacta en familiares, amigos y en la comunidad”.
El análisis se detuvo además en los costos humanos y materiales de esta problemática: “Los hospitales se colapsan los fines de semana. Los ingresos de pacientes por accidentes son altísimos”, destacó. En cuanto al tipo de vehículos involucrados, afirmó que “el 40 por ciento son motociclistas”, una cifra que coincide con el promedio nacional. El resto corresponde a automovilistas, ciclistas, peatones, camioneros y ómnibus.
Respecto a la situación en el sur provincial, expresó que “San Rafael está en la cabeza, lamentablemente, de la problemática”, con veinticinco víctimas fatales durante 2024. Según explicó, la extensión del territorio, la presencia de zonas rurales y la multiplicidad de rutas provinciales dificultan los controles. Esa falta de presencia estatal deriva, según su visión, en conductas peligrosas: “Si no ven los suficientes controles, produce la anomia social. Tomamos alcohol y funcionamos. Andamos con los vehículos destruidos. Total, si no hay controles, seguimos andando”.
También describió un patrón frecuente en rutas nacionales y provinciales que conectan con Buenos Aires o regiones del sur del país: “Está estadísticamente comprobado que una persona, cuando faltan 200 kilómetros para llegar al destino, es donde más acelera y donde el cansancio juega en contra”. Esto, aseguró, explica buena parte de los siniestros graves en la zona.
Fiorens insistió en que el abordaje integral debe ser urgente. Considera indispensable que el Estado asuma la magnitud real del problema y que la sociedad incorpore hábitos preventivos desde la niñez. “El niño es el que va a educar a los padres”, afirmó, al señalar que los adultos ya tienen “incorporados sus vicios”, como no usar cinturón o cruzar semáforos en rojo. “Por eso es fundamental la educación vial desde chiquitos”, remarcó.
Antes de cerrar, dejó una reflexión contundente: “Las tendencias anuales indican alrededor de 240 fallecidos, dando todas las personas fallecidas después en los hospitales”. Un número que, según explicó, se traduce en miles de heridos cada año.
