La Justicia de San Rafael emitió un fallo esta semana, por el que condenó a un hombre que cometía estafas virtuales simulando ser una fiscal de San Rafael. Se trata de Carlos Ávila, quien se encuentra en prisión tras haber sido declarado culpable del doble asesinato de Miguel Scalia y Liliana Balmaceda, ocurrido en septiembre de 2017 en una vivienda del barrio Nihuil.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, Ávila accedió a uno o más teléfonos celulares y desde la celda asignada en la cárcel de la avenida Mitre y se propuso cometer estafas de índole virtual. Lo llamativo del caso es que – según la investigación – el reo aducía ser la fiscal Andrea Rossi, en su entramado de concretar engaños mediante dispositivos móviles.
Luego de una serie de denuncias, la investigación se centró en determinar el origen de las estafas y así se gestó la conexión con la penitenciaría de nuestro departamento, y particularmente el accionar de Ávila y otros dos cómplices, de apellidos Robledo y Aburto, con quienes montó dicha red fraudulenta.
“No tuvieron mejor idea que intentar sacarle dinero a la gente a nombre de una fiscal”, aseveró una de las fuentes consultadas.
Completamente entre las cuerdas, Ávila, Robledo y Aburto accedieron a un juicio abreviado, luego de un entendimiento entre las partes. A Aburto lo condenaron a 5 años y medio de prisión, Robledo recibió 4 años, en tanto que sobre Ávila no recayó nueva pena porque ya se encuentra condenado a prisión perpetua, la máxima sanción impuesta por el Código Penal argentino.
Un caso que conmocionó al país
Carlos Ávila fue uno de los cuatro hombres que ingresó a la casa de Miguel Scalia y Liliana Balmaceda para cometer un brutal crimen. Los otros tres fueron Cristian Pajón, Ricardo Peñalbe y Fernando Olivarez. Tras planear el hecho, en la madrugada del 25 de septiembre de 2017, los malvivientes sorprendieron en su casa de barrio Nihuil a las víctimas y las asesinaron a golpes. Los delincuentes usaron una maza de construcción y otros elementos contundentes para golpear al matrimonio, en tanto que dejaron con vida a una hija que se encontraba en silla de rueda producto de una discapacidad que le impidió reconocer a los asesinos. Luego escaparon, en ese momento, con rumbo desconocido.
Tras el tristísimo hallazgo, los investigadores actuaron rápido y gracias a la actuación de canes más otros indicios a los que accedieron, dieron con Ávila, Pajón, Peñalbe y Olivarez, los que residían en zonas cercanas a la casa de las víctimas.
Luego de una extensa instrucción donde se sustentó la base probatoria, la causa fue elevada a juicio, el que se desarrolló casi dos años después. La particularidad es que fue el segundo caso cuya responsabilidad de los acusados debió resolver un jurado popular. Tras las audiencias y oír los alegatos de las partes, los ciudadanos y ciudadanas del jurado pasaron a deliberar y coincidieron – de manera unánime – que los cuatro individuos planearon el asesinato de Miguel y Liliana para robarles su dinero, lo que se encuadra en la figura del homicidio criminis causa: mataron para robar. En ese contexto, luego de recibir la determinación del jurado, el juez Ariel Hernández condenó a prisión perpetua al cuarteto de criminales.
