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sábado 20, de abril , 2024

Bentogate: procesaron al hijo del juez y lo embargaron por $75 millones

El juez federal Eduardo Puigdéngolas dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Nahuel Bento por considerarlo coautor del delito de «lavado de activos de origen ilícito». Además, le trabó un embargo por $75 millones.

Se trata del hijo mayor del cuestionado titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento, quien está acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de favorecer a presos. Para los investigadores, el abogado de 30 años y su hermano Luciano (27) habrían intervenido en maniobras de lavado de ese dinero proveniente de los actos ilegales.

La semana pasada el joven asistió a una audiencia virtual dispuesta por la Justicia federal para tomarle indagatoria, donde se abstuvo de declarar. Solamente se limitó a manifestar que era inocente, señalando que existían errores e inconsistencias en la imputación y que presentaría un escrito cuando estuviera incorporado el informe pericial contable ordenado en la causa.

Nahuel Bento logró esquivar durante varios meses la indagatoria, un acto procesal clave para continuar con el normal desarrollo de una instrucción, debido a que padece trastornos relacionados con estrés, presuntamente afectado por las denuncias en su contra. Por ese motivo también goza de una licencia psiquiátrica en la Justicia Federal, donde comenzó a trabajar en junio de 2013. Actualmente, se desempeña en la Cámara Federal de Apelaciones, con un sueldo promedio mensual aproximado de $550 mil.

Finalmente, el Cuerpo Médico Forense (CMF) recomendó que declare de forma remota, como efectivamente ocurrió. En tanto, los especialistas determinaron que su hermano Luciano no está aún en condiciones de hacerlo por presentar un cuadro emocional más grave.

Nahuel Bento está acusado «de haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita, al adquirir bienes muebles e inmuebles registrables, como así también realizar inversiones en fideicomisos inmobiliarios y numerosos viajes al exterior, dando apariencia de legalidad al producido de las maniobras ilícitas investigadas en las presentes actuaciones, mediante su incorporación al sistema económico formal».

Fuente: El Sol

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