Luego de que allanaran y clausuraran el geriátrico Apart Incas en el barrio de Belgrano, Capital Federal, el cual debió ser evacuado porque detectaron 19 casos de coronavirus, se confirmó que una de las ancianas que residía en ese lugar murió por le virus.
Se trata de Angélica González, de 89 años, que fue una de las primeras en ser derivadas desde la Residencia Apart Incas hacia la clínica La Esperanza, ubicada en Caballito.
González permanecía internada desde el último viernes en grave estado luego de que se confirmara que tenía Covid-19.
El geriátrico Apart Incas fue allanado durante la noche del miércoles para retirar las historias clínicas y registros de ingresos y egresos, en el marco de la investigación de contagios masivos de COVID-19 entre los adultos mayores que estaban alojados.
El allanamiento durante varias horas fue realizado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y unos 20 agentes de la Policía de la Ciudad, por una orden emitida por la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence.
El fiscal Vence intenta determinar cómo y cuándo se produjo el primer contagio de coronavirus dentro del establecimiento que albergaba a adultos mayores, y si las autoridades del mismo aplicaron los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus.
En esa línea, el fiscal intenta determinar si se pudo haber producido un caso de “abandono de personas”. El abogado que representa a familias de los ancianos que residían en el geriátrico, Ignacio Trimarco aseguró que “no fue un rumor que había un caso positivo de Covid 19”.
Todo comenzó cunado uno de los empleados del establecimiento dio positivo en coronavirus. En solo cuatro días, los casos ascendieron a 19. “El hecho estaba confirmado y citar a las familias para que vengan a retirar a sus parientes es un acto doloso”, sostuvo Trimarco.
Indicó además que “la institución estaba vacía desde el viernes pasado” y el hecho de culpar al gobierno de la Ciudad por no haber actuado a tiempo “es rebatible porque se trata de ancianos, muchos de ellos con discapacidad, y ellos tenían otros medios para evacuarlos”.
En este aspecto apuntó que en el allanamiento “no se llamaron a testigos terceros civiles y eso puede ser algo que complique el proceso en el futuro” y consideró que la fiscalía “se apresuró a realizar este procedimiento ya que podía ´ dejar una consigna policial, recabar esos testigos y adoptar todas las medidas de desinfección correspondientes”.
Hasta el momento, no se descarta que la acusación alcance también a autoridades del gobierno de la Ciudad, si es que se determina que desde Apart Incas se notificó la situación al gobierno porteño desde un comienzo y aun así se produjeron demoras en la activación de los protocolos correspondientes.
