Un sobre dirigido al papa Francisco que contenía tres balas calibre 9 milímetros y un mensaje relativo al megajuicio por corrupción iniciado la semana pasada en el Vaticano fue descubierto e interceptado en plena madrugada por trabajadores de la oficina de correos en el Centro de Clasificación Peschiera Borromeo (Milán), quienes dieron aviso a los Carabineros, que incautaron el material que, tras el primer análisis de los investigadores, permitió identificar al remitente, una persona ya conocida por los gendarmes de la Santa Sede y que es intensamente buscada.
La misiva, procedente de Francia, tenía el destinatario escrito con bolígrafo y apenas legible: «Papa – Ciudad del Vaticano – Piazza San Pietro en Roma». Dentro del sobre había además una copia de un depósito de 10 euros.
«Tenemos catalogada la caligrafía y el modus operandi del remitente, que ya envió antes cartas similares», confió uno de los encargados de la pesquisa. «Cada tanto el Pontífice recibe este tipo de amenazas que, pese a no ser consideradas un peligro real, son tomadas en serio e investigadas», añadió.
Respecto al juicio antes mencionado, 10 personas están sentadas en el banquillo, entre ellos el otrora poderoso cardenal italiano Angelo Becciu, acusados de malversación de fondos, abuso de funciones, fraude, extorsión y blanqueo de capitales por la irregular compra millonaria de propiedades.
UN ASESINATO INEXPLICABLE
Un cura fue asesinado hoy en un pequeño poblado del oeste de Francia por un inmigrante ruandés que estaba bajo «control» judicial por haber incendiado una catedral de Nantes en julio de 2020 y al que venía alojando desde hacía varios meses, con un pequeño impasse entre junio y julio pasados -en ese período el indocumentado africano permaneció internado en un hospital psiquiátrico-.
«Llevaba desde los rasgos del rostro la generosidad y el amor al prójimo. En nombre de la nación, rindo homenaje al padre Olivier Maire. Pensamientos afectuosos a todos los católicos del país», le rindió tributo el presidente Emmanuel Macron a la víctima de 61 años, miembro de la orden de Montfort y que había misionado en Uganda.
Tras su confeso ataque pirómano al mencionado templo -allí había ejercido como monaguillo-, Emmanuel A., fue encarcelado temporalmente pero ahora gozaba de un régimen de libertad restringida que lo obligaba a reportarse regularmente ante un tribunal. En ese contexto legal, fue alojado por dicha comunidad religiosa en la localidad de Saint-Laurent-sur-Sevre, donde solía despotricar contra la negativa oficial a su pedido de asilo.
«No tenemos un móvil terrorista», afirmó el fiscal adjunto de La Roche-sur-Yon, quien agregó que buscan determinar cómo fue perpetrado el asesinato, cuyo ejecutor se entregó en una sede de Gendarmería ubicada a 15 kilómetros de la escena del crimen
La líder ultraderechista, Marine Le Pen, pero también la centroderecha, no desaprovecharon la ocasión de fustigar la «axitud» del gobierno y la lentitud del Poder Judicial, además de indignarse porque no hubieran expulsado antes del país al homicida.
Desde el Ejecutivo, respondió de manera técnica el ministro del Interior, Gerald Darmanin: «No se puede deportar antes de ser juzgado a alguien que se halla bajo control judicial».
