Tras el receso de invierno, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza se prepara para debatir un proyecto de declaración presentado por el diputado provincial Gustavo Cairo (La Libertad Avanza). La iniciativa impulsa que los funcionarios públicos condenados por corrupción no puedan acceder a la prisión domiciliaria. La idea es aplicar un régimen de condena similar a los represores de la dictadura.
«Como se trata de un proyecto de declaración, se precisa que el Congreso de la Nación modifique el artículo 10 del Código Penal de la Nación, al efecto de que los funcionarios públicos que fueran condenados por corrupción, deban cumplir prisión efectiva, aún después de cumplidos los 70 años de edad», contó a FM Vos el propio Gustavo Cairo al inicio de la entrevista.
«En el año 2009 el kirchnerismo modificó ese artículo del Código Penal estableciendo que los jueces pueden fijar una prisión domiciliaria a los mayores de 70 o que estén enfermos, pero sin límite de pena. Este beneficio es al que accedió nada más ni nada menos que Lázaro Báez», amplió.
«Con esta ley vigente, la expresidenta Cristina Kirchner si se ratifica la condena que tiene en su contra, nunca iría a la cárcel, ya que por la edad gozaría del beneficio de prisión domiciliaria. Ellos mismos impusieron las reglas del juego», advirtió el diputado libertario.
En ese sentido, determinó que el artículo 10 del Código Penal atenta contra el concepto de igualdad en la Justicia. «Amparar la impunidad no es bueno para ningún país. En síntesis, un alto funcionario público a quien se le hubiere comprobado un accionar corrupto y condenado, que no cumple efectivamente la condena, sino que se le concede el beneficio de la prisión domiciliaria, no satisface el sentido de Justicia de la población», destacó Gustavo Cairo.
«La idea es comenzar el debate en la Legislatura de Mendoza para que la iniciativa luego tenga alcance nacional. El objetivo es que este proyecto de declaración llegue hasta los oídos de los legisladores de la Nación. Aunque este tipo de proyectos no tiene un efecto inmediato, ya que las provincias no tienen potestad sobre el Código Penal, busca instalar el tema en la agenda pública y obligar a los diferentes bloques políticos a definir su postura», explicó.
A su vez, aseguró que con la propuesta también se pretende avanzar sobre las jubilaciones de privilegio para los principales mandatarios del país. «La ley 2408 se sancionó durante la primera presidencia de Carlos Menem y establece que los expresidentes cobren de por vida una jubilación de privilegio, una remuneración equivalente a la de un juez de la Corte Suprema, mientras que los exvicepresidentes deben cobrar el 75 % del sueldo móvil de los magistrados. En ese sentido, es que también solicitamos que los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación pierdan toda asignación de privilegio cuando hayan sido condenados por alguno de los delitos contra el erario público tipificados en el Código Penal de la Nación. El caso más emblemático es el de Amado Boudou o el la propia Cristina Fernández de Kirchner», subrayó.
«Como la oposición no aprobó el capítulo jubilatorio de la Ley Bases para que ningún presidente pueda cobrar en adelante una jubilación de privilegio, el mismo presidente Javier Milei renunció a su jubilación ante el ANSES. Es indignante lo que cobran. Isabel Martínez de Perón cobra sus haberes y hace más de tres décadas que vive en España. Cristina Kirchner está condena y cobra doble. Su jubilación y la pensión por el marido. El Estado debe de dejar de amparar la corrupción. A los corruptos o a quienes están bajo sospecha de corrupción no hay que otorgarles privilegios», remató Gustavo Cairo al final del reportaje.
