Las cámaras gremiales empresarias de la provincia, en representación de las pequeñas y medianas empresas que las conforman, han manifestado el total rechazo al congelamiento de precios impuesto por el Gobierno nacional para 1.432 productos de consumo masivo, que fue fijado hasta el 7 de enero de 2022. Sobre este tema habló con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio local.
Señaló que desde esa entidad y otras similares opinan que “seguir atacando los síntomas nunca va a terminar de generar las soluciones de fondo que necesitamos, si los precios aumentan porque tenemos una inflación galopante, si tenemos modificaciones de la mayoría de los precios de los insumos en forma constante, es inevitable que esto se termine trasladando después a los precios de venta final de un producto, entonces echarle la culpa al empresario de que los precios aumentan, conceptualmente arranca como un error, creemos que si no nos ponemos a discutir realmente cuáles son las condiciones de base que generan este problema, siempre vamos a estar atacando los síntomas y no la raíz”.
Advirtió que esta medida no tendrá sentido después, ya que habrá un salto inflacionario cuando la misma termine, siendo “pan para hoy y hambre para mañana”. Considera que “es una medida totalmente electoralista, en el sentido de que se busca bajar la inflación de forma forzada antes de las próximas elecciones, como si eso fuera determinante”. “La inflación es un problema que venimos teniendo desde hace 70 años, entonces si no nos ponemos a discutir en forma seria cómo combatirla, nunca la vamos a solucionar y terminan siendo marcados –por cuestiones ideológicas– los empresarios como los culpables del tema, cuando en realidad somos parte de un sistema que no funciona, entonces permanentemente estamos adaptándonos a un sistema que hace rato muestra necesidades de cambios profundos”, dijo, y aclaró que “lo único que busca el empresariado es generar movimiento económico, generar riqueza y, a partir de eso, trabajo digno para las personas”. “Trasladar un poco el problema de las malas gestiones económicas hacia los privados no creo que sea el camino para solucionarlo”, agregó.
Considera que medidas como la tomada por el Gobierno generan desabastecimiento, lo cual “es algo natural”. Es que “si comprás algo a 10 y te piden que lo vendas a 8, lo más probable es que no lo compres o que lo guardes, porque es normal” y “no hay margen para regalar pequeños índices de rentabilidad”. A esto hay que sumar un enorme número de inspectores, a los que se les deberá pagar sueldo para que revisen los precios, cuando en realidad para bajar la inflación se necesita reducir el gasto público. “En lugar de ir a la solución de fondo, vamos a una solución parcial y con más costo fiscal, porque hay que pagarle sueldos a gente que está revisando los precios en una empresa que trabajó honestamente para poner un producto en una góndola”, lamentó.
