La recesión por la drástica caída de la actividad en distintos sectores de la economía comienza a golpear de lleno en los índices de empleo. Un caso testigo es el de la construcción, ya que la paralización de la obra pública desde la asunción de Javier Milei derivó en la pérdida de al menos 150.000 empleos.
Las empresas de esta industria, el sindicato y los analistas anticipan que la tendencia está lejos de revertirse en los próximos meses, producto de la “motosierra” en los proyectos que financiaba el Estado Nacional y que tenían contratos firmados. De hecho, advierten que la cifra acumulada de despidos en los próximos meses podría duplicarse.
El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina, Gerardo Antonio Fernández, declaró ante los micrófonos de FM Vos 94.5 que la recesión está dejando a muchas empresas al borde de la quiebra.
«Estamos mal, esa es la realidad. El gobierno actual todavía ni siquiera ha pagado las facturas de los trabajos realizados, es decir que judicialmente está bajo la figura de incumplimiento de contrato. No sabemos por qué proceden así, decidieron no pagar y punto. La incertidumbre agobia mucho al sector», expresó al principio del reportaje Gerardo Fernández.
«La decisión política de cerrar el déficit trajo consigo diversos incumplimientos de erogaciones con la obra pública y otros sectores. En ese sentido, es de público conocimiento que se han eliminado las transferencias a las provincias. El Estado no está cumpliendo con lo que ha sido pactado mediante un contrato o una ley. Si uno no paga lo que debe es obvio que terminará con el déficit, pero cualquiera se da cuenta de que eso es pan para hoy y hambre para mañana. No se puede continuar así porque no está funcionando ningún sector de la economía», advirtió.
«El gobierno se está tapando con una frazada corta, porque el hecho de no cumplir con sus obligaciones ha significado también que las empresas que no cobraron por los trabajos ejecutados no han podido cumplir con los pagos a sus proveedores. Entonces, al dejar de comprar en el mercado han caído las recaudaciones de los impuestos como el IVA. Por este camino, la meta del déficit cero se va a ir perdiendo porque al Estado cada vez le ingresa menos recaudación. Hoy el punto de inflexión para que la Argentina empiece a ser un país sustentable parece lejano», argumentó Fernández.
Asimismo, refutó la posición del gobierno nacional que aduce que la paralización de la obra pública es necesaria porque se trata de un sector que está teñido por la corrupción. «Para el gobierno parecería que las obras públicas son solo un sinónimo de corrupción. Puede entenderse un período de revisión y estudio de las obras en ejecución, pero no una parálisis permanente como gestión de gobierno. Es posible, o al menos no negamos, que la ejecución de obras de grandes magnitudes a nivel nacional pudo prestarse a hechos ilícitos, pero para eso existe la Justicia. El Estado nacional debería hacer las auditorías que considere pertinentes y denunciar los hechos penalmente. Si piensan que es así, deben actuar y no seguir alimentando el mito. Están generalizando sobre el sector cuando en el interior del país funciones un montón de pymes que trabajan desde las seis de la mañana para poder solventar los gastos de todos los días, como lo son las cuotas de los chicos que van a la escuela o el pago de la tarjeta de crédito. Me parece que toda esta gente está muy lejos de entrar dentro de un rubro denominado como ‘corrupción’. Eliminar la obra pública por la corrupción es como matar al enfermo para acabar con una enfermedad. Es una verdadera locura lo que están haciendo, no se puede castigar a todas las empresas por dos o tres personas que pudieron haber cometido un delito. Nación le debe exigir a la Justicia que actúe para que se despejen todas las dudas», razonó.
Por otra parte, teniendo en cuenta este panorama tan sombrío, comentó que la reactivación del sector no parece ser un hecho cercano en el horizonte. «La continuidad de los contratos se puede dar luego de que haya un reordenamiento de las variables económicas. Como no sabemos cuánto tarda ese proceso, la gran pregunta es saber cuántas empresas van a quedar en pie en el momento que la macroeconomía se acomode. El freno a la obra pública ha dejado a mucha gente en la calle, sin trabajo. Ya hay más de 150 mil empleos registrados que se perdieron. También hay despidos en rubros colaterales como en corralones o empresas que venden materiales para la construcción», aseveró el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina.
«En su último discurso, el presidente de la Nación dijo que toda la parte de infraestructura se va a buscar que sea financiada por el capital privado. El sector ha sido utilizado como herramienta de negociación entre Nación y provincias. Hay un juego político perverso que no se puede comprender, es casi una extorsión. La reactivación de la obra pública depende de que se apruebe la Ley de Bases, mientras tanto las pequeñas pymes que están en el medio quedaron en un absoluto desamparo», sentenció al final del reportaje.
