El Gobierno provincial buscará firmar entre fines de marzo y principios de abril los convenios con los intendentes para que el 30% de los fondos que reciben por coparticipación sea destinado a reparar las numerosas demandas que plantea la infraestructura de las escuelas. Pero ese planteo generó incordios tanto en la oposición como en el oficialismo, principalmente por el rol de contralor que tendrá a partir de ahora la Dirección General de Escuelas (DGE) de que esos recursos se asignen a las reparaciones. Mientras buscan acercar posiciones, se trata de una pulseada por un total de $1.448 millones.
Estos fondos que son enviados por la Nación corresponden al cumplimiento de la ley 26.075 de financiamiento educativo. El total que recibiría Mendoza para el ciclo lectivo que comienza este lunes son $25.682 millones. A su vez, el Ministerio de Hacienda tiene que coparticipar el 18,8% de ese monto con cada departamento. En otros números, ese porcentaje involucra a una masa de $4.828 millones, según lo que fija la ley.
Y ahora empieza el nudo del conflicto. La decisión del Ejecutivo Provincial es que cada municipio destine un 30% de lo que le toca en parte para destinarlo concretamente al mantenimiento de los colegios, según el artículo 54 de la ley de presupuesto 2022 que ya aprobó la Legislatura. Ese porcentaje implica unos $1.448 millones que se reparten con distintos números por departamento.
Los cinco departamentos que más fondos reciben del financiamiento educativo son, en primer lugar, Guaymallén, con más de $185 millones; le sigue Las Heras, con más de $157 millones; en tercer lugar, Godoy Cruz, con una cifra superior a los $153 millones; San Rafael, con $139 millones y, por último, Maipú, con más de $128 millones. Se trata de los departamentos más poblados, con mayor demanda educativa y más establecimientos escolares.
En el fondo de la tabla están -en orden creciente- Malargüe -$27 millones-; Tupungato -$32 millones-; San Carlos -$34 millones-; La Paz -$35 millones- y Santa Rosa -$36 millones-.
Como se ve, las diferencias son abismales respecto de los municipios que encabezan el reparto, por lo que una buena parte de la pulseada que ha mantenido el director General de Escuelas, José Thomas con los caciques ha estado ahí.
Estas cifras, con todo, son estimativas, puesto que el proyecto de Presupuesto nacional 2022 fue rechazado, por lo que existe una reconducción de la pauta de gastos del año anterior. En el gobierno escolar esperan que estos números sean confirmados por la Nación.
En este caso, Hacienda proyectará los recursos disponibles según los fondos percibidos en 2021, según establece el decreto, haciendo los ajustes en cada trimestre. Para tomar una referencia, el año pasado la provincia recibió $18.358 millones y derivó a los municipios $3.451 millones en total. Si en ese caso se hubiera aplicado el 30%, la cifra hubiera llegado a los $1.035 millones.
La pulseada
La decisión estuvo incluida en el último presupuesto aprobado por la Provincia y generó recelos entre propios y ajenos. Es que son fondos que, si bien se han coparticipado desde la sanción de la norma en 2006, hay cuestiones que quedaban al arbitrio de los jefes comunales. Parte del malestar tiene que ver con que en los últimos años a los municipios se les cortó durante la gestión de Mauricio Macri otra fuente de recursos importante, como el fondo de la soja.
Por un lado, en los municipios aseguran que todo el tiempo están respondiendo las demandas de las escuelas. Algunas de ellas son de plomería, otras de veredas en el exterior, de pintura, techos en mal estado, desinfecciones y hasta el funcionamiento de los ventiladores. «Nos meten a los municipios en un tema que es de la provincia«, reparó un jefe comunal al ser consultado por El Sol. «De a poco nos van cortando lo poco que tenemos y nos van dando más responsabilidades», apuntó otro, en off.
La queja en cuestión también apunta al control que hará efectivo la DGE para que esos fondos estén destinado a la infraestructura de las escuelas.
El borrador del decreto provincial establece en el artículo 6 que los intendentes deberán presentar a la DGE dos informes de seguimiento al cierre de los meses de junio y de septiembre, con información referida a la aplicación de los fondos, para lo cual tienen un plazo de 30 días corridos; pero además un informe de cumplimiento anual al cierre del ejercicio y bien detallado con un plazo de 60 días.
En este caso, la DGE como autoridad de aplicación deberá evaluar los informes o emplazar a los municipios si no han cumplido con la presentación. Si se han habido incumplimientos, el Ministerio de Hacienda puede ejecutar retenciones que, si no son salvadas posteriormente por cada municipalidad, destinará esos fondos directamente a la DGE. De allí que en las negociaciones que hubo se pretendía sacar a la cartera educativa de este rol de control.
«Queremos que sea consensuado«, explicó otro intendente, bajo estricta reserva. «No hay dudas en que tienen que rendir«, responden desde Casa de Gobierno.
Avanzar con los acuerdos
En tanto, en el gobierno las voces consultadas tratan de relativizar el conflicto político. Para ello, reseñaron que contra las quejas de que los intendentes no habían recibido las visitas de funcionarios explicándoles por qué les quitarían fondos, José Thomas fue a cada vendimia departamental para justificar la decisión.
«Es verdad es que al principio hubo un poco de molestia hasta que entendieron cómo es el tema», contaron desde la cartera educativa. Así, en el Ejecutivo consideran que «no hay grandes inconvenientes» y que «está demostrado que no ha sido porque no teníamos fondos, porque no hemos presionado para que se apruebe antes de las clases«, puntualizó un funcionario.
Por otro lado, señalaron que la rendición de los fondos «tiene que ver con un control compartido. Nacion nos controla y tenemos que rendir la plata».
Por ende, habrá más reuniones cuando pase la agenda vendimial y la DGE espera poder firmar los convenios que establece el decreto a fines de marzo y principios de abril.
Pero también hay un denominador común: «Los intendentes piden que las directoras no los llamen. Y tienen razón«. Para eso, en la DGE ya están pensando en implementar una plataforma online que recepcionen las demandas de cada establecimiento.
Por lo pronto, mientras tratan de acercar posiciones, esperan que se reglamente el artículo 54 del Presupuesto -en el Gobierno aseguran que saldrá en estos días- que reglamenta que el destino de esos fondos el 30% sea destinado al mantenimiento de las escuelas.
Hay algunos que ya plantearon públicamente las exigencias educativas de sus departamentos: con esos fondos, Matías Stevanato en Maipú quiere construir una escuela en el Centro para descomprimir la demanda. En ese departamento señalaron además que requieren de otros dos establecimientos en zonas distintas: una escuela en el Este y otra en el centro departamental. La construcción de un colegio, evaluaron, alcanzaría entre los $150 y los $200 millones.
El ciclo lectivo 2022 en números
El Gobierno ya tiene relevadas cuántas escuelas habrá que reparar durante el ciclo lectivo 2022: son casi 200 escuelas en toda la provincia.
En toda la provincia, hay 2.030 establecimientos: 777 escuelas de nivel inicial, 868 de primaria, 302 de secundario orientado, 83 de secundario técnico.
Para este ciclo lectivo están inscriptos unos 443.701 estudiantes: 65.313 alumnos de nivel inicial; 236.188 de primaria; 102.615 de secundario orientado y 39.585 de secundario técnico.
Fuente: El Sol
