La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, envió una carta formal a los miembros del Congreso de la Nación solicitando que se desistan de los cambios propuestos a la ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. El documento técnico-pastoral advierte sobre los riesgos de reducir los niveles de protección ambiental en las zonas de alta montaña.
El eje central del reclamo eclesiástico se enfoca en la preservación del ambiente periglacial, que en el proyecto de reforma legislativa quedaría con una protección restringida. Según el Episcopado, los glaciares y su entorno funcionan como «reservas estratégicas de agua» que garantizan el consumo humano, la agricultura y el sostenimiento de los ecosistemas en las provincias cordilleranas, especialmente en regiones con crisis hídrica como Mendoza.
En el texto enviado a los diputados y senadores, la Iglesia fundamenta su postura en los principios de la encíclica «Laudato si» y el concepto de «cuidado de la casa común». Sostiene que el agua debe ser tratada como un derecho humano fundamental y no meramente como un recurso económico supeditado a proyectos extractivos. «Es necesario asegurar que cualquier actividad productiva no comprometa las fuentes de agua de las futuras generaciones», expresa el comunicado.
La advertencia de la institución surge en medio del debate por la Ley Ómnibus, que busca flexibilizar normativas ambientales para incentivar inversiones mineras. Para la Iglesia, la vigencia de la ley actual es un «logro institucional» que no debe ser desmantelado, instando a los representantes a priorizar el inventario nacional de glaciares y la fiscalización efectiva sobre la modificación de los estándares de protección vigentes.
Por su parte, diversas organizaciones ambientales y asambleas por el agua en San Rafael y el resto de la provincia han manifestado su adhesión a la postura del Episcopado, señalando que la afectación de las cuencas del río Atuel y el río Diamante sería irreversible si se permite la intervención en zonas que hoy están protegidas por la normativa federal.

A continuación la carta completa:

Carta Abierta a nuestros legisladores nacionales SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES

“La injerencia en el ecosistema es uno de los aspectos que no debe llevarse a cabo sin prestar la debida atención tanto a las consecuencias de dicha injerencia en otras áreas como el bienestar de las generaciones futuras. Los desastres naturales no son causados exclusivamente por su propia naturaleza, sino también por un uso y consumo desconsiderado de los recursos del planeta.”

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, fieles a nuestra misión de promover el bien común y la custodia de la creación, nos dirigimos a las Señoras y Señores Legisladores, a quienes el pueblo ha confiado la noble tarea de dictar las leyes que aseguren la justicia, la paz y el respeto a la Constitución Nacional.

“La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” [CV 51]

En este contexto, observamos y escuchamos con profunda preocupación el clamor de numerosas comunidades, científicos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos conscientes ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta norma, fruto del consenso político, social y científico, ratificada por nuestros legisladores después de haber sido vetada en su totalidad por la presidencia, representa un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras.

Los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico. Son verdaderas “catedrales de agua” que sustentan a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de nuestro país. “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.” [LS 30] [AFV 50] Su afectación impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen de esos ecosistemas. Reafirmamos, en este sentido, que el agua que mana de estos reservorios naturales, es «un derecho universal e inalienable” [CDSI 485] porque «el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo».¹

La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que el desarrollo verdadero no puede reducirse al mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la dignidad humana y de la naturaleza. Toda actividad productiva debe someterse a estos principios y al cuidado de los bienes públicos universales porque “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. [LS 139]

La actual Ley de Glaciares establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo. Por ello, exhortamos con firmeza y esperanza a nuestros legisladores a que:

• Mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares.
• Prioricen, en cualquier debate, la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés, recordando que “el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado».” [LS 5]
• Escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso del Convenio Nº 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú.
• Promuevan un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando así el carácter de herencia sagrada que poseen estas fuentes de agua.
• Recuerden que en el mundo “todo está conectado” y que es imprescindible “buscar otros modos de entender la economía y el progreso”. [LS 16]

Al inaugurar la Conferencia Brindando Esperanza por el 10º Aniversario de la Encíclica Laudato S’[2], León XIV dijo que «Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó para beneficio de todos y para las generaciones futuras, y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuál será nuestra respuesta?». “Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo.” [LS 116]

“Si reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. [LS 78]

Confiamos en la sabiduría y en el amor patrio de nuestros representantes para tomar decisiones valientes y proféticas que nos unan como Nación en torno a la protección de la vida en todas sus formas. Como nos recuerda el Papa Francisco, “no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas.” [LS 43] En particular, teniendo en cuenta que “El planeta ha entrado en la era de la Bancarrota Global del Agua… y partes del capital hídrico y natural—ríos, lagos, acuíferos, humedales, suelos y glaciares—han sido dañados hasta perder perspectivas realistas de recuperación total”.[3]

Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza. [LD 60]

Comisión Nacional de Pastoral Social

Conferencia Episcopal Argentina