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De «guarderías» a centros educativos: Mendoza busca regular por ley los jardines maternales privados

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Natalia San Juan, directora de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) de la provincia, explicó los alcances del proyecto de ley enviado a la Legislatura por la Dirección General de Escuelas (DGE). La iniciativa pretende crear un Registro Único de instituciones y exigir un lineamiento pedagógico supervisado, con el fin de garantizar entornos seguros y trazabilidad educativa para niños desde los 45 días hasta los 3 años.

El fin de las «zonas grises» en la primera infancia

Hasta hoy, muchos jardines maternales privados en Mendoza funcionan bajo habilitaciones municipales genéricas, similares a las de un comercio, sin una supervisión directa del gobierno escolar. El proyecto busca que estos espacios se integren formalmente al sistema educativo provincial. «El objetivo es que el gobierno escolar acompañe, regule y supervise estos espacios para transformarlos en parte del sistema educativo de la provincia. Queremos que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hoy no tenemos el registro ni la nómina de cuántos jardines privados hay en la provincia; parte de que se regule es que estén dentro de una base de datos única», aseguró Natalia San Juan en diálogo con FM Vos 94.5.

San Juan aclaró que la medida no implica una estatización ni cambios en la financiación, pero sí una fiscalización del servicio que prestan. «Ellos siguen siendo de gestión privada y funcionando de manera privada. No hay cambios en lo económico ni subsidios previstos por ahora. Lo que cambia es que la DGE los va a supervisar: deberán inscribirse en este registro único y presentar un Proyecto Educativo Institucional (PEI)», señaló.

Uno de los puntos centrales de la normativa es profesionalizar el rol de quienes están al frente de las salas

El salto cualitativo: del cuidado a la pedagogía

Uno de los puntos centrales de la normativa es profesionalizar el rol de quienes están al frente de las salas. El proyecto exige que el personal realice capacitaciones específicas y que el jardín abandone el concepto de depósito de niños para adoptar un rol de formación temprana. «Queremos que dejen de ser ‘guarderías’ o espacios solos de contención, para que todos tengan un lineamiento pedagógico. Los primeros mil días de vida son esenciales para el desarrollo lingüístico, cognitivo y socioemocional. Al estar bajo nuestra órbita, el personal deberá hacer un curso avalado por UNICEF y el jardín podrá participar de programas provinciales, como el de Nutrición del Lenguaje», anticipó la directora de los Centros Educativos de Primera Infancia.

Trazabilidad y seguridad ¿dónde están nuestros niños?

La falta de datos estadísticos sobre la matrícula privada es una preocupación para la DGE. Actualmente, el sistema nominalizado GEM (Gestión Educativa Mendoza) permite seguir la trayectoria de los alumnos en el sector público, pero existe un vacío respecto a los privados. «En los centros que yo dirijo (CEPI), tenemos a todos los chicos nominalizados: sabemos quiénes son y dónde están. En los privados, hoy no tenemos idea del alcance. Regular esto nos permite garantizar que todos estén en un entorno seguro y bajo protocolos de actuación profesional ante cualquier necesidad», remarcó Natalia San Juan.

Sintonía con Nación y apoyo a las familias

Consultada sobre si esta mayor intervención estatal contradice las políticas de desregulación del gobierno nacional, San Juan sostuvo que, en materia de primera infancia, el trabajo es articulado. «No creo que vayamos en líneas contrarias. Estamos trabajando con un programa nacional de primera infancia que bajará a la provincia en 2026. Trabajamos de la mano con el equipo de educación de Nación; ellos tienen sus espacios y nosotros estamos transformando nuestros centros en esa misma dirección», aseveró en medio de la comunicación.

Finalmente, destacó el impacto social que tendrá la universalización y el ordenamiento de estas salas para la economía familiar. «Poder expandirnos y regular estos espacios garantiza a las familias, y especialmente a las mujeres, la posibilidad de ingresar al mercado laboral o continuar sus estudios sabiendo que dejan a sus hijos en un entorno educativo seguro. Al tener un registro, también podremos gestionar mejor las listas de espera y la capacidad de las salas», completó.

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