En la previa al tratamiento legislativo, se expresaron críticas por el impacto sobre las reservas de agua, la falta de respuestas técnicas de las empresas y la decisión oficial de mantener regalías en niveles bajos. También se advirtió sobre la posible violación de la Ley de Glaciares y la necesidad de crear un fondo soberano para administrar recursos no renovables.
El debate legislativo sobre los cuatro proyectos mineros que llegaron al recinto volvió a exponer diferencias profundas respecto al uso de los recursos naturales en Mendoza, el impacto sobre el agua, la administración de las regalías y las obligaciones que deben cumplir las empresas. Desde la oposición se manifestaron objeciones de fondo al criterio aplicado por el Gobierno provincial, especialmente en dos aspectos: la preservación del ambiente y la distribución económica de los beneficios que genera la actividad extractiva.
Durante la discusión en la Legislatura del miércoles, se cuestionó la decisión de sostener una alícuota del tres por ciento en concepto de regalías. Al respecto, se explicó que el esquema aprobado “está lejos de los estándares internacionales” y se remarcó la falta de mecanismos concretos que garanticen un destino preciso para los fondos que ingresan a Rentas Generales. En ese sentido, Emanuel Fugazzotto, diputado por el Partido Verde, afirmó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que “hoy en día no hay manera de que el dinero que entra a rentas generales tenga un destino concreto. Sabemos por dónde entra, nunca por dónde sale”.
Desde este sector se propuso la creación de un fondo soberano similar al que utilizan países como Noruega. Según se argumentó, la intención es que los recursos provenientes de actividades extractivas queden resguardados y que sólo se utilice un porcentaje de los intereses generados para obras estructurales. Fugazzotto detalló que “estamos hablando de recursos no renovables, entonces hay una responsabilidad en el derecho ambiental que es intergeneracional”. También se señaló que los proyectos locales no avanzaron hacia ese modelo y que la provincia mantuvo parámetros que permiten que “los montos que ingresan en regalías puedan irse en gasto común, en pago de sueldo, en cualquier cosa”.
Otro de los puntos centrales del debate fue la preservación del ambiente periglaciar y los alcances de la Ley de Glaciares. Allí se sostuvo que algunos de los proyectos en discusión habilitaban la creación de protocolos que, en la práctica, permitirían intervenir en zonas protegidas. Se remarcó que “la ley tiene taxativamente escrito que no se pueden realizar actividades extractivas de ningún tipo en esa zona, porque las reservas de los glaciares son las reservas de agua dulce que tenemos”. Además, se recordó que estudios recientes han advertido retrocesos en las masas de hielo por efecto del cambio climático, lo que agrava el riesgo para la disponibilidad futura del recurso hídrico. En esa línea, se advirtió que “si se contamina, se rompe o se destruye un glaciar, perdemos las reservas de agua”.
En cuanto al proyecto San Jorge, también se señalaron irregularidades técnicas. Según se expuso, distintos organismos, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, realizaron objeciones que no habrían sido respondidas por la empresa. Se afirmó que la falta de contestación genera “incertidumbre científica, jurídica y social”, dado que quedan sin resolver aspectos vinculados a la hidrología, el patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la alta montaña. Sobre la decisión de avanzar pese a esas observaciones, se expresó que “el Ejecutivo tiene los números para poder aprobar estos proyectos sin necesidad de consensuar ni de tomar los aportes de nadie”.
Dentro del recinto, las posturas críticas fueron presentadas a través de despachos de minoría, aunque no tuvieron acompañamiento. De acuerdo con lo expresado, muchas de las respuestas obtenidas fueron insuficientes: “Han intentado adaptar a la idea política que este gobierno tiene algunas propuestas, pero la realidad es que no alcanza con una adaptación. Necesitamos que el ambiente se priorice”. A ello se sumó la preocupación por el enfoque económico del oficialismo, que fue calificado como “cortoplacista” y orientado a priorizar la rentabilidad por encima de la sustentabilidad ambiental.
Respecto a las regalías y al reclamo para elevarlas al cinco por ciento, se subrayó que el cambio no resolvería por completo los desafíos ambientales, pero sería “un acto de justicia”. Se explicó que “el 3 por ciento de San Jorge son algo de 16 millones de dólares al año. No mueve la aguja en absolutamente nada en la economía. El 5 por ciento tampoco sería un número que va a aportar una diferencia abismal, pero sería una acción justa”. En ese contexto, se mencionaron antecedentes históricos que limitan el margen de las provincias, como el Pacto Federal Minero, al que se calificó como una normativa que favoreció a las multinacionales y dejó a las jurisdicciones con restricciones para fijar sus propios tributos. Según se recordó, “la Constitución Nacional dice claramente que los recursos son de las provincias, y por lo tanto el tributo que se grave sobre ellos deberían definirlo las provincias”.
El debate, signado por diferencias ideológicas y distintas prioridades en torno al ambiente y la economía, dejó en evidencia que el desarrollo minero en Mendoza continúa siendo uno de los temas más sensibles en la agenda pública. Mientras se avanza en proyectos que requieren estrictos controles, siguen abiertas las discusiones sobre la protección del agua, el destino de las regalías, el rol del Estado y la necesidad de planificar políticas que contemplen a las generaciones futuras.
