Una madre de San Rafael expuso las dificultades para acceder a terapias y acompañamiento escolar para su hijo con TDAH. Denuncia falta de respuestas, interrupción de tratamientos y perjuicios en el aprendizaje.
Una madre sanrafaelina hizo público su reclamo contra la obra social OSECAC por la falta de autorizaciones en las prestaciones que necesita su hijo de seis años, diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La situación, que se arrastra desde fines del año pasado, afecta directamente la continuidad de sus tratamientos y su desarrollo escolar.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Ailín Lucero, madre denunciante, explicó que su hijo requiere atención de distintos profesionales, entre ellos psicóloga, psicopedagoga y neurólogo, además de contar con una maestra integradora. “Estamos desde el año pasado, presentamos todas las prestaciones que brindan sus terapeutas”, señaló, al tiempo que remarcó que la falta de respuestas ha generado una creciente preocupación en la familia.
Según detalló, los trámites comenzaron en diciembre, cuando se presentó toda la documentación necesaria. Sin embargo, con el inicio del ciclo lectivo la situación no se resolvió. “Arrancó el colegio, pasó enero, febrero, marzo, ya estamos en abril y no hay respuestas”, expresó, evidenciando el paso del tiempo sin soluciones concretas.
Lucero describió que, ante cada consulta, las respuestas son insuficientes. “Sentimos como que es una falta de respeto, porque te dan números, no te dan respuestas”, afirmó. En ese sentido, agregó que la demora impacta directamente en los tratamientos: “Pasan los días, pasan las horas, y nuestros hijos no tienen las prestaciones, no pueden seguir con sus terapias”.
El rol de la maestra integradora
Uno de los puntos más críticos es la interrupción del acompañamiento escolar. La madre contó que la maestra integradora de su hijo dejó de trabajar debido a la falta de pago. “Hace ya dos semanas que su maestra de integración renunció por este mismo problema”, explicó. Y añadió: “No pueden trabajar gratis, lamentablemente ellos necesitan cobrar”.
El proceso de diagnóstico y tratamiento también implicó un esfuerzo significativo por parte de la familia. “Empezamos todo el abordaje sin mutual, todo a pulmón, yo con mi esposo”, relató, detallando que debieron viajar a Mendoza para obtener una evaluación especializada. “Se le hicieron montones de estudios, hasta una historia clínica”, indicó.
En este contexto, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la escuela, los profesionales y la familia para lograr la inclusión del niño. “Trabajamos en equipo para que Ramiro pueda ser integrado a este sistema”, sostuvo, subrayando el rol clave de la maestra integradora en el proceso educativo.
Marco legal e incumplimientos
La falta de cobertura no solo afecta las terapias, sino también la continuidad de los tratamientos médicos y la medicación. “Tiene que tomar una medicación específica para su TDAH, y eso también requiere un costo que en su momento no lo podíamos pagar”, señaló.
Ante la falta de respuestas, la familia realizó múltiples reclamos administrativos, incluyendo llamados telefónicos y presentaciones formales. “Llamás y llamás y te da ocupado, no te atienden”, afirmó Lucero, quien finalmente optó por enviar una carta documento. “Llegué a ese punto de decir, presento carta documento porque necesito respuestas para hoy”, expresó.
La situación también involucra cuestiones administrativas entre el nivel local y central de la obra social. Según explicó, las autorizaciones dependen de instancias nacionales. “Ellos lo que son acá son un sindicato, el que autoriza es Buenos Aires”, indicó, lo que genera mayores demoras en la resolución de los casos.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo en contra. “Yo siento que a él le perjudica mucho en el aprendizaje”, advirtió la madre, remarcando el impacto directo en el desarrollo del niño. Finalmente, Lucero manifestó su indignación por lo que considera un incumplimiento de la normativa vigente. “Hay muchas leyes que los protegen y no se están haciendo cumplir”, afirmó, en referencia a la ley 22.431 de protección integral y la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
“Mucha impotencia porque hay muchas leyes que los protegen y no se están haciendo cumplir”, reiteró, y concluyó: “Nosotros los padres somos los voceros de nuestros hijos para que se puedan cumplir sus derechos”.
