El colectivo de personas con discapacidad en la Argentina atraviesa un escenario de vulnerabilidad estructural que va mucho más allá de la cobertura mediática. La interrupción de programas de asistencia, la devaluación de los aranceles prestacionales y la falta de canales para la inserción laboral formal configuran un panorama que las organizaciones sociales califican como de «retroceso histórico». En este marco, el debate sobre las pensiones no contributivas y el control del gasto público volvió a instalarse en la agenda nacional, con acusaciones cruzadas respecto a la legitimidad de las asignaciones otorgadas.
Fernando Galarraga, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre 2020 y 2023, analizó las consecuencias del actual esquema de ajuste, desmintió la veracidad del discurso oficial sobre el fraude masivo en las pensiones y advirtió sobre el destino incierto de millonarios créditos internacionales que habían sido otorgados por el BID y la CAF para modernizar el sistema de certificación en todo el país.
La caída de políticas públicas y la estigmatización social del colectivo
Para los referentes del sector, las barreras más complejas no se limitan a las condiciones biológicas individuales, sino a la progresiva desarticulación de la red de contención estatal. «Desde que asumió el gobierno actual, la situación de las personas con discapacidad en la Argentina no ha dejado de empeorar día a día, semana a semana, medida tras medida. No hay una sola buena noticia que haya generado este gobierno que impacte de manera favorable en la calidad de vida de las personas con discapacidad; al contrario, son retrocesos en todos los órdenes», apuntó Fernando Galarraga de entrada.
«Uno se queda con la fotografía de la situación de las pensiones no contributivas, porque es un tema complejo, pero el problema va mucho más allá. Hay incumplimientos y retrocesos con los prestadores, en el financiamiento de los programas y con relación a préstamos internacionales que se tomaron durante la gestión que a mí me tocó conducir y que no se aplicaron para lo que correspondía», aseguró.
«Toda esta situación viene acompañada de un discurso oficial en medios y redes de fuerte estigmatización que cala hondo en la sociedad, y eso es algo que nos va a costar mucho revertir. Primero está el retroceso del Estado con la caída de las políticas públicas, y luego el daño social en el imaginario cultural que se le ha hecho a las personas con discapacidad. Lo que padecen las familias es la falta de atención de la sociedad y la falta de políticas de inclusión laboral. Cuando se le quitan los remedios a la gente y se imponen trabas burocráticas, allí es donde la situación se vuelve verdaderamente una tragedia», expresó en medio de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
El debate de las pensiones: causa judicial y el caso de la «radiografía de perro»
Las auditorías vigentes demuestran que las irregularidades detectadas representan un porcentaje ínfimo respecto del millón de pensiones vigentes, las cuales operan como el último piso de subsistencia de las familias. «Se ha ido mucho sobre el tema de las pensiones no contributivas. La pensión es una política pública fundamental cuando falta todo lo demás: cuando no hay oportunidades de acceso al mercado laboral y los estigmas impiden que personas formadas consigan un puesto para vivir de su trabajo. Nos quisieron imponer la idea de que el millón doscientas mil pensiones vigentes cuando nos fuimos de la gestión estaban manchadas o eran truchas. Eso no es así. Hoy la justicia sabe perfectamente sobre qué universo de sospecha está trabajando y este no llega a doscientas solicitudes bajo investigación en todo el país. Nosotros no fuimos por el camino de utilizar los fondos públicos para beneficiar a nadie, fuimos para ampliar derechos», sostuvo Galarraga.
«Hay causas abiertas donde nuestra gestión fue testigo, aportó pruebas y se presentó activamente, como en Concordia, Goya o Los Pocitos. En el caso de Los Pocitos, se trató de una denuncia sobre una gestora que actuaba en complicidad con otros actores en el hospital provincial. Nosotros enviamos asesores jurídicos de la agencia y logramos determinar que esas solicitudes fraudulentas no habían pasado nuestros filtros de auditoría. Es importante aclarar que la pensión se inicia en un hospital provincial con un Certificado Médico Obligatorio (CMO) firmado por una autoridad local, no por ANDIS», aclaró.
«Lo mismo ocurrió con el famoso caso que presentó el vocero Manuel Adorni sobre la radiografía de un perro: esa solicitud existió, pero nuestro sistema de control la detectó, el trámite fue rechazado y el médico correntino que firmó ese certificado fue debidamente denunciado por nosotros», aseveró.
Millonarios fondos internacionales paralizados y el colapso de las juntas evaluadoras
Más adelante, el entrevistado afirmó que créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina destinados a descentralizar y digitalizar la certificación no han sido ejecutados. «Durante mi gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad gestionamos y concretamos dos préstamos internacionales muy importantes: uno de alrededor de 300 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ambos financiamientos internacionales estaban destinados específicamente a mejorar, descentralizar y fortalecer los procesos de certificación de la discapacidad en la Argentina, dotándolos de mejores herramientas de seguimiento tecnológico y transparencia para erradicar de raíz cualquier posibilidad de certificados apócrifos», comentó el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Esos recursos estaban destinados a fortalecer las juntas evaluadoras interdisciplinarias de todo el territorio nacional, que actualmente suman entre 500 y 600 equipos distribuidos en las provincias. Estas juntas son las encargadas de analizar los estudios, realizar la entrevista social y determinar la pertinencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Hoy vemos que hay lugares donde la gente tiene que viajar cientos de kilómetros para tener una entrevista o donde los turnos están completamente colapsados. Toda esa inversión internacional llegó al país para solucionar estos problemas estructurales de accesibilidad, pero actualmente no sabemos dónde están esos fondos ni por qué no se están ejecutando en beneficio del sector, denunció al cierre del reportaje.
