A fines de enero, la brigada de la Policía Federal junto con otros organismos Nacionales llevó a cabo un allanamiento en una finca ubicada en Real del Padre. Allí, encontraron a diez hombres mayores de edad, que se encontraban trabajando bajo explotación laboral.
La investigación tuvo su génesis a principios de este año, a raíz de una denuncia recibida en el Ministerio Público de la Ciudad de San Rafael.
«La causa se originó por una denuncia que hizo una de las personas que trabajaba en el lugar. El denunciante dijo que no le habían cumplido con el pago pactado por cada jornada laboral. De ese modo se dio intervención al Ministerio Público y tras un trabajo de inteligencia se verificó que en ese sitio se encontraba gente en situación de desprotección laboral. Por eso, se solicitó al Juez Federal Eduardo Puigdéngolas que expida una orden de allanamiento», contó a FM VOS 94.5 el Dr. Ignacio Ariel Sabás, Fiscal Federal en San Rafael.
«Las personas trabajaban muy precariamente y la mayoría eran oriundas del norte del país. Estaban en esa finca y eran traslados hacia otra cercana para levantar la cosecha de durazno y ciruela. Participaron del operativo funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. Estamos esperando el informe de este organismo para evaluar cuáles son los pasos a seguir y si hay mérito para llamar a indagatoria a la persona que los captó para hacer el trabajo», añadió.
Después, explicó las condiciones laborales de contratación y su posible causal. «En este tipo de casos, la misma patronal es tan vulnerable como los trabajadores. Son gente de campo que ven como natural la contratación en esas condiciones laborales. Casi siempre trabajan a la par de las personas contratadas. Los establecimientos son muy precarios y no tienen la forma de darles las condiciones adecuadas de habitabilidad. Esto no significa que no comentan el delito, pero se trata de una problemática social y cultural más que de la Justicia Penal», argumentó Sabás.
Por otra parte, señaló las sanciones penales que podrían recaer sobre los responsables de la finca. «Nos faltan informes que se deben agregar al expediente. Con ello vamos a tener un panorama más completo. Las penas van de 4 a 10 años de prisión. Igualmente, no todo trabajo rural en condiciones extremas constituye un delito de trata de personas. Debe haber otros parámetros para que se dé este tipo de delito, como retención del DNI o extensos horarios de trabajo que exceden a los convenios laborales, entre otras cosas», expresó el fiscal Sabás.
«Para determinar qué tipo de delitos se constituyó o si lo hubo, necesitamos los informes. Vamos a tomar las testimoniales de las personas que intervinieron en el allanamiento para tener un conocimiento preciso de lo que sucedió. Este tipo de prácticas es habitual en la época de cosecha y no siempre se denuncia. Por eso hay que desterrar esta clase de práctica cultural. Para hacer una prestación hay que tener las condiciones mínimas de habitabilidad”, agregó a modo de cierre.
