En medio del reclamo vigente de los equiparados a magistrados, que quieren seguir cobrando como jueces, la Fiscalía de Estado dictaminó y rechazó los argumentos presentados por un grupo de funcionarios judiciales.
Si bien la ley Nº 9.230 puso fin a esa figura de equiparados a jueces, en octubre del año pasado la Sala II de la Suprema Corte dio lugar al planteo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entre los que iniciaron el reclamo para seguir cobrando sus haberes se encuentra Elizabeth María Carbajal, exsecretaria del exjuez, Jorge Nanclares, cuyo sueldo supera los 400 mil pesos.
El reclamo fue realizado por 22 equiparados a magistrados que buscan seguir con sus actuales salarios. Además con la ley sancionada deberían empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias.
Los argumentos de la Fiscalía de Estado
El fiscal de Estado, Fernando Simón, se excusó de expedirse sobre el tema ya que mantiene un vínculo cercano con quienes iniciaron el reclamo judicial. En su lugar se expresó la subdirectora de Asuntos Judiciales, Alicia López Revol.
El dictamen es contundente y afirma que no existe una «eterna garantía constitucional» de equiparación salarial a magistrados «justamente porque porque no lo son, y ni siquiera las funciones que cumplen son jurisdiccionales, además que no cumplen ni acreditan mayores responsabilidades y jerarquía laboral a las de otros funcionarios no equiparados».
Entre las conclusiones, destaca: «La ley 9.230 no afecta retroactivamente la remuneración o salarios habidos, fija un nuevo régimen salarial que no resulta irrazonable ni confiscatorio, y no implica una merma sustancial de los haberes que impidan la digna subsistencia».
«No se cuestiona la idoneidad, ni la designación, ni las funciones que cumplen; ni extingue o suprime los puestos de trabajo o el cargo funcional. Tampoco la norma es violatoria de derechos y garantías constitucionales, habiendo sido dictada por el órgano competente para regular el régimen salarial de la administración de la Provincia», agrega la resolución.
Entre los argumentos para continuar con su remuneración de equiparados, citan el caso de funcionarios a quienes su salario se determina en base a un equivalente como el caso del fiscal de Estado, asesor de Gobierno y presidente del Tribunal de Cuentas. Pero el organismo echó por tierra esas razones e hizo referencia a las normas constitucionales que rigen para los llegan a ocupar esos cargos y las condiciones existentes para su nombramiento.
“El pretender tomar como antecedente la posición de estos funcionarios constitucionales, para avalar la procedencia de la no aplicación de la ley 9.230 a la parte actora, no reviste el menor análisis”, explicó López Revol.
Con respecto a la ley cuestionada, el dictamen de la Fiscalía de Estado aclara “que no se afectan retroactivamente las remuneraciones habidas, sino que regula para el futuro el régimen salarial que deberá ser aplicado». Es decir que da cuenta que no pueden verse avasallados los derechos de esas personas.
En este aspecto se detiene a explicar que la ley no revoca designaciones ni elimina cargos que se desempeñan y menciona la modificación que se realiza del régimen de retribución o salarial es una “competencia exclusiva” del Poder Legislativo. Además la normativa no cuestiona la idoneidad de los funcionarios, ni la irregularidad o ilegitimidad de los nombramientos.
Básicamente se explica que la norma apunta a regular a futuro la remuneración de algunos funcionarios y a “eliminar la clara desigualdad con el resto de los empleados y funcionarios que incluso cumplen tareas jurisdiccionales y no están equiparados al salario de los magistrados”.
