Un preocupante incremento en los precios, especialmente en alimentos, afecta a los sectores más vulnerables en Argentina. Por su parte, el Observatorio de la UCA reveló un 44.7% de pobreza.
A pocos días de la asunción de Javier Milei, el cambio de Gobierno y la salida de Alberto Fernández, uno de los primeros –y quizá más importante- desafíos de la nueva gestión será bajar el índice de pobreza.
Dentro de ese contexto, el experto Juan Ignacio Bonfiglio –miembro del equipo de investigación de la Universidad Católica Argentina (UCA)- explicó a Diario San Rafael y a FM Vos 94.5 que “los datos muestran una evolución crítica desde 2018, con un crecimiento constante de la pobreza” y agregó: “El 2020, marcado por la pandemia, fue el peor momento, con una pequeña recuperación seguida de un nuevo deterioro en los últimos tiempos”.
A su vez, Bonfiglio hizo hincapié en que “la inflación impacta fuertemente en los ingresos, extendiéndose incluso a los trabajadores registrados. La estructura productiva fragmentada y la inflación son factores estructurales que explican la pobreza persistente”.
Profundizando en su análisis, el miembro del equipo de investigación de la UCA dijo a Diario San Rafael y a FM Vos 94.5 que “dentro de los cortes analizados, la Ciudad de Buenos Aires fue menos afectada, mientras el conurbano bonaerense sufrió significativamente. La informalidad laboral y la inflación son fenómenos estructurales que generan desigualdades”.
En medio de un panorama de cambios económicos que se avecinan a partir del 10 de diciembre, con la liberalización de ciertas variables económicas y la eliminación de controles de precios implementados por el gobierno de Alberto Fernández, surge la incertidumbre sobre el impacto que esto tendrá en la economía argentina.
“Nos encontramos ante un escenario en el cual no hacemos diagnósticos precisos sobre lo que ocurrirá en los próximos meses. Sin embargo, es innegable que se espera un ajuste significativo en los precios relativos, con posibles repercusiones importantes en la situación que estamos analizando”, expresó el experto.
La liberalización económica conlleva la necesidad de estabilizar ciertas variables macroeconómicas, y aunque se reconoce que el impacto a corto plazo no será positivo, su magnitud dependerá de las políticas compensatorias implementadas, especialmente en beneficio de los hogares más vulnerables.
“Es fundamental observar cómo se desarrollarán los precios y la actividad económica en los próximos meses. La incertidumbre respecto a la pérdida de empleos, a pesar de los niveles elevados de actividad laboral, muchos de los cuales son precarios e informales, agrega un componente crítico a este escenario”, afirmó Bonfiglio.
En cuanto a la reestructuración de los planes sociales, se han denunciado irregularidades en la asignación y cancelación de planes, especialmente en el programa Potenciar Trabajo. Sobre este tema, Bonfiglio mencionó: “Esperamos ver anuncios concretos sobre cambios en el sistema de transferencias y programas. Aunque hasta ahora solo se ha mencionado mediación en dichos programas, es un aspecto relevante, ya que estas intervenciones tienen un impacto significativo”.
Finalmente, se realizó una estimación del impacto potencial sin las transferencias de ingresos, destacando que, sin medidas adecuadas, la tasa de indigencia podría aumentar del 10% al 20%, cifras que evidencian la gravedad de la situación que enfrentan los estratos más bajos de la sociedad en este contexto económico cambiante.
