El sector de la construcción en la provincia de Mendoza atraviesa un escenario de profunda disparidad operativa. Mientras los indicadores macroeconómicos sugieren una leve recuperación en la demanda de insumos del sector privado y las grandes obras viales e hídricas avanzan impulsadas por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial, las pequeñas y medianas empresas de la actividad enfrentan una realidad crítica. La paralización de la obra pública nacional y la virtual ausencia de financiamiento hipotecario genuino han golpeado la edificación de arquitectura residencial, el verdadero motor de la mano de obra.
El presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), Dalmiro Barbeito, analizó el destino del millonario fondo provincial, advirtió sobre la inviabilidad de las actuales tasas de interés bancarias y fijó la postura del sector frente al debate por la unificación del código de edificación y el desembarco de viviendas modulares importadas.
La inyección de los 1.023 millones de dólares recuperados por Mendoza ha permitido sostener grandes proyectos viales y de saneamiento, pero las pymes locales señalan que el impacto en el empleo masivo sigue siendo limitado debido a la falta de planes de vivienda. «Nosotros vemos que la situación actual está muy compleja, sobre todo para las pymes constructoras —las pequeñas y medianas empresas— que constituyen la gran mayoría en este rubro. Es cierto que ha habido un repunte de actividad enfocado en las grandes obras que se licitaron con los fondos de resarcimiento económico, un proceso que convocó principalmente a las corporaciones de mayor envergadura. Hablamos de los 1.023 millones de dólares que recibió Mendoza por el perjuicio histórico de la promoción industrial en las provincias vecinas. Estos fondos de infraestructura han venido muy bien en una época donde el Gobierno nacional decidió retirarse de la inversión pública. Sin embargo, en el sector de la obra de arquitectura, que es la que realmente mueve mano de obra masiva y recursos provinciales, la realidad es muy difícil», planteó Dalmiro Barbeito de entrada.
«Desde la CECIM creemos que una parte de esos recursos debería haberse destinado a planes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), porque la arquitectura residencial genera un derrame inmediato en la sociedad: la construcción de cada unidad habitacional genera de forma directa dos empleos directos y dos indirectos, movilizando el comercio local. Salvo un plan muy acotado de 10 millones de dólares que está por licitarse y que tiene un sistema complejo que no ha tenido buena repercusión entre nuestras pymes, el grueso se volcó a grandes infraestructuras que consumen commodities como asfalto, hierro y cemento, por lo que el impacto social no es el que esperábamos», opinó en FM Vos (94.5).
La paradoja del crédito hipotecario y el costo financiero «imposible»
A pesar de las expectativas oficiales por el relanzamiento de líneas crediticias para la vivienda, la cámara sectorial advierte que el desfasaje entre la inflación a la baja y los costos de los préstamos bloquea cualquier reactivación real. «En la actualidad no vemos que el crédito hipotecario esté traccionando de forma efectiva; hoy es puramente una expectativa de mediano o largo plazo. Con una inflación que se ubica en torno al 2% mensual, pero con tasas bancarias que superan el 30% anual y un costo del crédito que ronda el 8% mensual, el crédito hipotecario no va a nacer. El financiamiento real va a surgir recién cuando las tasas de interés sean de un solo dígito. La tasa de interés de la Argentina es hoy la más alta de América Latina y con este costo financiero la economía no se va a reactivar«, determinó Barbeito.
«Los industriales no pueden comprar maquinaria y la clase media no puede acceder a los metros cuadrados de una vivienda propia. Por eso insistimos en que el gobierno debe tener una política muy activa en la intervención y el subsidio de tasas. Entendemos que la reducción del costo impositivo y del gasto público es un proceso lento que el Estado no puede acelerar de forma vertiginosa, pero se deben articular medidas urgentes entre las cámaras y el sector público para que el costo financiero se adecúe al ritmo de la economía real, tal como ocurre en Chile, Paraguay, Perú o Uruguay», indicó.
Casas modulares chinas frente al ladrillo: calidad y ventajas competitivas
El desembarco de estructuras habitacionales importadas en contenedores es evaluado por CECIM como un paliativo transitorio ante la crisis, ratificando la vigencia económica y estructural de la construcción tradicional mendocina. «Consideramos que esas casas modulares chinas que están llegando son de muy baja calidad. La construcción tradicional, sobre todo en nuestra provincia, cuenta con ventajas competitivas estructurales insustituibles: es muy difícil competirle al ladrillo en Mendoza porque posee una durabilidad excepcional, una calidad térmica y estructural comprobada y, fundamentalmente, es barato. Cuando uno hace las cuentas finas y compara una construcción en seco bajo el sistema steel framing con la construcción tradicional, el costo por metro cuadrado es prácticamente el mismo», aseveró el titular de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza.
«Lo que ocurre es que los módulos importados tienen un precio menor porque su estándar de calidad es muy deficiente. No lo podemos evitar en un mercado libre, y entendemos que puede funcionar como un parche temporal en un contexto donde no hay crédito genuino y la clase media debe arreglarse con lo que ofrece el mercado. Pero si pensamos en un proyecto patrimonial de mediano o largo plazo, una estructura que entra en un contenedor no compite con la calidad de una casa construida por el IPV de forma tradicional en las últimas décadas», consideró en ese tramo de la charla.
Unificación del código de edificación y control de las nuevas tecnologías
Por otra parte, la unificación de las normativas constructivas a nivel provincial es valorada positivamente por el sector empresarial, siempre que se garanticen las estrictas verificaciones técnicas en materia de seguridad sísmica y servicios básicos. «La unificación del código de edificación en toda la provincia de Mendoza nos parece una medida sumamente positiva. No es viable que una constructora deba aplicar una norma determinada en un municipio y, al cruzar de jurisdicción, deba adecuarse a otra completamente distinta. Simplificarlo centraliza la gestión en una provincia que posee un coeficiente sísmico muy alto de grado 5, el más elevado del país. Ahora bien, todos estos sistemas constructivos importados o prearmados livianos deben pasar de forma obligatoria por las mismas verificaciones técnicas que rigen para los sistemas tradicionales del IPV«, comentó Barbeito.
«Los códigos de edificación históricos se modificaron sustancialmente por última vez en 2014, cuando no se preveían estas estructuras que son casi casillas rodantes. Los sistemas de gas natural, por ejemplo, están rígidamente regulados en Mendoza y se ejecutan bajo altos estándares de seguridad que han evitado siniestros en las miles de viviendas habitadas; hay que estudiar muy de cerca cómo se van a adecuar estos módulos prearmados a las redes de servicios y alineamientos», advirtió.
«El IPV ha funcionado históricamente como el organismo rector y el eje de fomento de la industria local, habiendo construido entre 30.000 y 40.000 viviendas con excelentes equipos técnicos. El ladrillo sigue siendo el material elegido por el consumidor mendocino por disponibilidad de insumos en cada centro urbano; en una Argentina estabilizada y con financiamiento internacional, la obra privada tiene un potencial de crecimiento gigante debido a la demanda habitacional acumulada durante tantos años«, completó.
