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El Gobierno Nacional busca privatizar la CNEA y alertan que entre los activos estaría la mina de uranio de Sierra Pintada

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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo que abre la puerta a una eventual privatización de activos estratégicos vinculados al desarrollo nuclear argentino, entre ellos los yacimientos de uranio que actualmente se encuentran bajo administración estatal, incluyendo Sierra Pintada en San Rafael.

La medida quedó formalizada el pasado 4 de mayo mediante un expediente que habilita el “acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”. En la práctica, esto permite que empresas interesadas puedan solicitar autorización para visitar instalaciones y analizar activos de la CNEA como paso previo a posibles procesos de venta o concesión.

Según la documentación oficial, la Comisión puso a disposición de privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial” bajo su órbita.

La decisión generó preocupación dentro de sectores científicos y sindicales vinculados al desarrollo nuclear argentino. Desde la junta interna de ATE CNEA advirtieron que la avanzada privatizadora podría alcanzar tanto al reactor nuclear de investigación AR10 como a los principales yacimientos de uranio administrados por el organismo nacional.

Entre ellos aparece Sierra Pintada, en nuestro departamento, además de Cerro Solo y Laguna Colorada en Chubut y Don Otto en Salta.

El tema cobra especial relevancia para Mendoza debido a que la provincia concentra las mayores reservas de uranio identificadas del país. Actualmente, Argentina posee unas 38.740 toneladas de reservas detectadas y en los últimos años se registró una fuerte reactivación de proyectos vinculados al mineral estratégico.

En total existen 18 proyectos de uranio en etapa de exploración distribuidos entre Mendoza, Chubut, Río Negro, Salta y Santa Cruz. Mendoza aparece como uno de los puntos de mayor interés para futuras inversiones mineras y energéticas.

EMPRESAS INTERNACIONALES AL ACECHO   

En paralelo, empresas privadas internacionales ya avanzan en nuevos desarrollos vinculados al uranio argentino. La canadiense Jaguar Uranium Corp. anunció recientemente inversiones por 25 millones de dólares para exploraciones en el proyecto Huemul, en Malargüe, y en Chubut. A su vez, Blue Sky Uranium lidera los proyectos Corcovo, en Mendoza, y Amarillo Grande, en Río Negro.

Desde sectores críticos a la medida sostienen que el proceso se da en el marco del acuerdo denominado “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado entre Argentina y Estados Unidos el pasado 4 de febrero.

INTERÉS NORTEAMERICANO

Según advierten desde ATE CNEA, el interés norteamericano apunta especialmente a garantizar el abastecimiento de minerales estratégicos como el uranio, en un contexto global de disputa energética y tecnológica.

Incluso, desde el sector sindical señalaron que ya existieron planteos internacionales cuestionando el desarrollo nuclear argentino. Recordaron que en diciembre de 2024 una funcionaria británica habría manifestado ante científicos de la Comisión que “la Argentina no puede darse el lujo de tener un desarrollo de estas características”.

Mientras tanto, el proceso administrativo iniciado por la CNEA mantiene en alerta a trabajadores, investigadores y sectores vinculados al desarrollo energético nacional, especialmente en provincias como Mendoza, donde Sierra Pintada vuelve a quedar en el centro del debate sobre soberanía, minería y recursos estratégicos.

SIN REMEDIACIÓN Y CON RECORTE DE PRESUPUESTO

Uno de los temas siempre necesarios mencionar es que Sierra Pintada todavía sigue esperando por su remediación. Existe una sentencia de la Corte Suprema que obliga a remediar sus pasivos ambientales antes de cualquier intento de modificación o reapertura.

Dentro de este marco preocupa que el Gobierno Nacional haya recortado 600 millones de pesos que iban a estar abocados a este proceso de remediación

Mientras siguen las “movidas” por el ansiado yacimiento sanrafaelino, todavía no se cumplen exigencias que ya tienen más de tres décadas de espera.

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