La provincia de Mendoza, mediante el Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza en el plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos de Mendoza. Actualmente, se prepara para implementar la cuarta etapa, que ofrecerá una solución integral a la problemática de las playas de secuestro. Esta fase está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad.
El servicio estará a cargo del sector privado e incluye el transporte de los vehículos secuestrados a instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro, así como la gestión de autopartes, lo que asegura el tratamiento responsable de las piezas y residuos generados.
Por otra parte, la licitación para esta fase permitirá que el adjudicatario se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y depósito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario, y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos por la compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024.
La propia ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en una entrevista que brindó a FM Vos 94.5, dio más precisiones sobre el tema. «La verdad es que se trata de un inconveniente de larga data. El mismo no solamente trae problemas de contaminación, sino que también ocasionan inconvenientes de inseguridad. Muchos de ellos son vandalizados, por eso requieren una producción de seguridad extra, con mayor cantidad de efectivos policiales controlando. Con respecto a esto, en diciembre iniciamos un plan. La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la Playa de Secuestros San Agustín y comisarías, donde se destruyeron cerca de 600 vehículos “móviles policiales” que habían sido dados de baja y estaban juntando chatarra», dijo Mercedes Rus al principio de la nota.
«La segunda etapa alcanza unos 28 mil vehículos de la playa San Agustín. Hasta el momento, se compactó la mitad de los mismos. Estos autos y motos, enmarcados en la Acordada 31425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, han generado hasta el momento 2.300 toneladas de material ferroso», apuntó.
«La tercera etapa, que comenzó en julio de este año, se enfoca en la remoción de vehículos secuestrados que obstruían calles y áreas cercanas a comisarías en toda la provincia. Se procedió a realizar esta limpieza porque no es digno para el personal que trabaja en el lugar ni para los vecinos», aseguró.
En este mismo sentido, explicó en qué consiste la cuarta etapa del plan. » La idea es desocupar a la Policía de Mendoza de estas custodias. El personal tiene que estar abocado a tareas operativas y preventivas. No vemos bien que esté afectado a la custodia de un montón de chatarra. Lo que estamos proponiendo es que un privado se haga cargo del acarreo, de la custodia y del mantenimiento de estos inmuebles destinados a estos secuestros. Por supuesto que esto comprende la disposición final, que incluye el remate, la compactación o la entrega a un tercero que reivindique el bien, o a quien debamos restituirlo por ley», indicó Rus.
Más adelante, explicó los motivos por los cuales se procede a la compactación de los vehículos y no se ordena darles otra utilidad al servicio de la comunidad. «De todo el parque de vehículos secuestrados de toda la provincia, un 74 % son secuestros administrativos y un 25 % son secuestros judiciales. Los bienes que son secuestrados dentro del marco de una investigación judicial es muy difícil que puedan ser entregados a cualquier organismo del Estado para su utilización. Los fiscales no los entregan y falta la disposición final. Muchas veces se deben devolver a alguna víctima o a su propietario», comentó.
«Una vez que el juez dispone el decomiso, viene la etapa de la oferta. Lo que termina pasando es que por todo el desorden que existe con el tema del secuestro, los vehículos no están en óptimas condiciones para ponerlos en circulación. Ponerlos en funcionamiento implica una suma importante de dinero», aclaró.
«En lo que refiere al secuestro administrativo, se trata de vehículos bajo sanción de la ley de tránsito. En este caso, por lo general, los dueños buscan recuperarlos. Sin son secuestrados por participar en un accidente de tránsito, en el cual hubo lesionados o una muerte, interviene una aseguradora. Tras el decomiso, este año se puso en funcionamiento cinco automóviles que cumplen funciones en la Policía de Investigaciones. Nosotros queremos que las unidades estén aptas para que se les pueda instalar el sistema de videovigilancia. Poner en orden los secuestros agilizarán los procesos para proceder a la entrega del bien a una organización o al propio Estado», aseguró la ministra de Seguridad y Justicia.
Finalmente, estimó cuáles son los plazos para concluir con el plan de gestión integral y descontaminación de playas de secuestro de la provincia. «Recién se publicó el decreto de apertura de la licitación. Creemos que la medida va a traer muchos beneficios y será como una especie de ordenador del sistema. El plan contempla la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios. A su vez, se propone lo mismo respecto del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial sobre rodados y autopartes secuestradas. Con la iniciativa se busca desocupar al personal afectado a la custodia de chatarra. Se pierde mucho tiempo en el acarreo de un vehículo y depositarlo en un lugar. La Policía está preparada para hacer otro tipo de tareas. Esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros», concluyó.
