La historia de la convivencia urbana ha estado siempre marcada por la tensión entre la libertad individual y la necesidad de un orden común. Desde el antiguo concepto del panóptico hasta la actual omnipresencia de las cámaras de seguridad, el ser humano ha buscado formas de regular su conducta bajo la mirada del otro.
Hoy, en Mendoza, se debate un proyecto que pretende transformar cada teléfono inteligente en una extensión del juzgado de faltas al permitir que los vecinos denuncien infracciones mediante videos. Esta iniciativa, que surge como una respuesta desesperada ante la sangría constante de los siniestros viales, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del control social y los límites de la delegación del poder público.
A favor de esta propuesta se erige el argumento de la democratización de la vigilancia y el poder disuasorio inmediato. En departamentos de gran extensión geográfica y recursos limitados como San Rafael, la presencia de la policía vial es, por fuerza de la realidad, insuficiente para cubrir cada esquina de la ciudad o los sectores más críticos de nuestros distritos.
La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda registrar una maniobra imprudente genera la sensación de una fiscalización permanente que podría reducir drásticamente las faltas por el simple temor a ser filmado. Se trata de convertir la participación ciudadana en una herramienta de prevención activa, donde el compromiso del vecino ayuda a suplir las falencias estructurales de un Estado que no puede estar en todas partes al mismo tiempo.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda aparecen riesgos éticos y jurídicos que no pueden ser ignorados bajo el manto de la seguridad. Esta medida camina por el delgado borde del vigilantismo digital y la ruptura de la paz vecinal, fomentando un clima de sospecha constante donde el ciudadano deja de ser un par para convertirse en un delator. La validez probatoria de un video capturado por un particular, sin la presencia de un agente que certifique el contexto o la identidad de los involucrados, abre una puerta peligrosa a las interpretaciones subjetivas y a las posibles ediciones malintencionadas. Existe, además, un trasfondo político inquietante: la posibilidad de que el Estado esté claudicando en su deber indelegable de control, trasladando la carga de la ley al bolsillo y al esfuerzo de los propios administrados.
En el contexto específico de San Rafael, donde los siniestros viales han dejado cicatrices profundas en la comunidad durante este último año, la efectividad de esta ley dependería de una implementación técnica impecable que proteja la identidad del denunciante y garantice el derecho de defensa del denunciado.
No podemos permitir que la búsqueda del orden se transforme en una cacería de brujas tecnológica que termine por saturar los juzgados con denuncias menores, mientras las grandes irresponsabilidades siguen ocurriendo en las rutas nacionales y provinciales que nos atraviesan. La tecnología debe ser una aliada de la justicia, pero nunca su reemplazo, pues una sociedad que solo se comporta bien por el miedo a la cámara de su vecino es una sociedad que ha fracasado en su educación ética y en su contrato social básico.
