La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso no fue un acto protocolar, sino un choque de legitimidades que dejó al desnudo la fractura expuesta de la Argentina. Por un lado, el presidente Milei que hizo de la confrontación su herramienta de gestión, lanzando epítetos como «cavernícolas» y «delincuentes» hacia las bancas opositoras. Por el otro, una oposición que abandonó el silencio para responder con gritos, abucheos y carteles, transformando el recinto en un escenario de hostilidad recíproca que poco tiene que ver con la estatura estadística que demanda la crisis.
Para analizar con rigor el fenómeno, no se puede ignorar el peso de la realidad política: las urnas han hablado y su eco aún retumba con fuerza. A pesar de la agresividad verbal y de un ajuste que lacera el bolsillo del laburante en la avenida Mitre, existe un núcleo de la sociedad que convalida este estilo. Para muchos, los “rugidos del león” no son un desvío de las formas, sino la música que esperaron escuchar durante décadas frente a una dirigencia que consideran agotada. Ese apoyo popular, ratificado en la última contienda electoral, es el combustible que le permite al mandatario redoblar la apuesta cada vez que el termómetro legislativo sube de temperatura.
El anuncio de los 90 paquetes de reformas estructurales —diez por ministerio— es la traducción legislativa de ese mandato de «motosierra» que la mayoría del electorado, incluido el de San Rafael, le otorgó al Ejecutivo. Milei se siente respaldado por, según su lectura, un cheque en blanco social que lo habilita a pasar por encima de las mediaciones tradicionales. En este contexto, la resistencia a los gritos de la oposición en el recinto termina siendo, paradójicamente, el alimento que nutre la narrativa oficialista del «ellos contra nosotros».
El apoyo al modelo libertario convive con la angustia por la caída del consumo y el industricidio silencioso. La gran pregunta que queda flotando tras el estruendo del domingo a la noche es cuánto tiempo podrá sostenerse el idilio de las urnas si la confrontación permanente termina por asfixiar la gobernabilidad que el país necesita para producir y crecer.
