El veto presidencial a la ley que actualizaba la movilidad de haberes y elevaba el bono mensual de $70.000 a $110.000 impactó de lleno en miles de jubilados mendocinos.
La decisión firmada por Javier Milei significó para Mendoza más de $23.000 millones que dejaron de ingresar a los bolsillos del sector pasivo, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El cálculo surge de proyectar el 7,2% de actualización aprobado por el Congreso –finalmente vetado– y el ajuste en el bono mensual. Con 300.300 jubilados y pensionados en la provincia, la pérdida individual rondó los $77.000 por persona.
En el caso de San Rafael, con 36.400 beneficiarios, el impacto es enorme: unos $2.800 millones mensuales que no ingresan a la economía local.
Este monto no solo afecta a quienes cobran sus haberes, sino que también golpea el movimiento comercial del departamento, ya que buena parte de esos ingresos hubiera dinamizado el consumo.
Por ahora, sin la suba prevista, los jubilados percibirán en septiembre poco más de $390.000, cifra que queda muy por debajo de lo esperado y, según especialistas, lejos de cubrir el costo de vida.
MENDOZA ENTRE LAS MÁS PERJUDICADAS
La provincia se ubica entre las más afectadas del país, solo detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
A nivel nacional, el CEPA calcula que el recorte por el veto significa más de $468.000 millones por mes que los jubilados argentinos dejan de percibir, sobre un total de 6,1 millones de beneficiarios.
