La “Practicaja” del Banco Nación que funciona sobre calle 25 de Mayo, frente a la plaza 9 de Julio, en el centro de nuestra ciudad, es una de las entidades adonde más cantidad de jubilados acuden a cobran sus haberes.
En función de lo anterior, se han detectado –con el correr del tiempo– muchos casos en que los abuelos son víctimas de robos o hurtos a los pocos metros de salir del banco, ya que malvivientes aprovechan la vulnerabilidad de quienes integran la mayor de edad para engañarlos o amenazarlos, con el firme objetivo de quitarles lo que recién han cobrado.
El hecho del pasado lunes, por el que un hombre fue asaltado prácticamente a la salida de la entidad, reavivó la preocupación de quienes aseguran que “falta seguridad, especialmente en los alrededores del banco”.
En el suceso en cuestión, la víctima salió del banco, caminó algunos metros por la vereda de 25 de Mayo hacia el sur y al llegar a la esquina con calle Entre Ríos fue abordado por una mujer quien, impunemente, lo amenazó con un arma de fuego para sustraerle el dinero que había cobrado. Luego la ladrona corrió hasta una moto donde la esperaba su cómplice, con el que huyó con rumbo desconocido.
En ese contexto, se torna clave reforzar la seguridad de las adyacencias de la “Practicaja”, independientemente de la presencia policial dentro o fuera de la entidad. Como indicamos anteriormente, son muchos los casos de sustracción de haberes que se han concretado sobre calles Entre Ríos, Corrientes o en el interior de la plaza 9 de Julio.
La problemática no solo atañe a la entidad de calle 25 de Mayo, ya que también hubo varios hechos en inmediaciones del banco Supervielle de la avenida El Libertador.
Evidentemente los delincuentes apuntan a bancos que están más alejados de la avenida Hipólito Yrigoyen o la avenida Mitre, que es donde se encuentra el grueso de las sucursales en el centro de San Rafael. Es por eso que –al menos durante el período en que se pagan jubilaciones– urge reforzar la presencia de agentes policiales en adyacencias a dichos centros de cobro, a efectos de prevenir posibles hechos delictivos contra personas de la tercera edad.
