Familias de policías piden por salarios dignos y mejores condiciones laborales

Liliana Cortez, representante de una asociación de esposas de policías, relató a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 la lucha de familias que exigen mejoras salariales y condiciones básicas para el personal policial en la provincia de Mendoza.
Dentro de ese contexto, las voces de las familias de policías resonaron en las escalinatas del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Cortez, firme en su posición, expresó con determinación: “Somos esposas, hijos, y familiares de policías que demandamos un salario digno y condiciones humanas para quienes protegen a nuestra comunidad”.
El reclamo no es reciente. Hace más de 50 días, estas familias autoconvocadas elevaron un petitorio al Ministerio de Seguridad, respaldando el pedido salarial del personal policial.
Dentro de ese marco, Cortez describió que “la ley 6722 respalda firmemente el derecho del personal policial a solicitar un aumento salarial directamente a las autoridades pertinentes”. Y agregó: “Según lo establecido en el artículo 45 de dicha ley, los salarios deben estar acordes con la labor desempeñada por los miembros de la fuerza de seguridad”.
Por tal motivo, “350 mil pesos no es un salario digno para la fuerza de seguridad de la provincia de Mendoza”, enfatizó Cortez, destacando la discrepancia entre las exigencias del trabajo policial y la remuneración actual.
Sin embargo, las respuestas han sido escasas y las negociaciones, difíciles. A pesar de múltiples reuniones, la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, no ha recibido personalmente a las familias, derivándolas a instancias inferiores.
En relación al decreto, “uno de los puntos prioritarios de nuestra solicitud fue el aumento del ítem de indumentaria”, explicó Cortez, quien describió “la situación crítica en la que se encontraba, donde el personal policial apenas percibía 4 mil pesos destinados a este fin”. Motivo por el cual “resultaba imposible costear siquiera una camisa básica. Aunque se incrementó a 8 mil pesos, aún resulta insuficiente, ya que los 14 mil pesos que deben destinarse en 12 cuotas no alcanzan para adquirir el equipamiento necesario, como borcegos”.
“Aunque se otorgó un bono de 100 mil pesos, lamentablemente, este ‘plan platita’ no llega a cubrir las necesidades de nuestras viudas y retirados. Este fue solo uno de los puntos presentes en nuestro petitorio, el cual refleja nuestra determinación de no ceder en la lucha por un salario digno”, agregó Liliana Cortez.
Por otro lado, “exigimos alivio en el área de transporte, solicitando ayuda para los hijos del personal policial en el transporte escolar, la carga de tarjetas de abonos escolares, y para el personal policial de larga distancia, quienes enfrentan gastos exorbitantes en pasajes. Es imperativo que se tomen medidas para aliviar esta carga económica y evitar que se vean obligados a utilizar sus sueldos para este fin”, argumentó Cortez.
Siguiendo con el petitorio, Cortez indicó que “dentro de nuestras demandas presentadas destacamos la necesidad urgente de restablecer el respaldo de salud y sanidad policial”. Esta solicitud “se hizo evidente desde la entrega del petitorio el 30 de enero y la respuesta del Gobernador ante este reclamo ha sido insatisfactoria, lo cual ha generado una profunda indignación en el personal policial y sus familias”.
Cortez finalizó manifestando que “este desencadenante ha llevado a momentos de angustia y toma de decisiones difíciles, exacerbados por el profundo sentido de vocación de servicio que caracteriza a nuestros agentes. El acto de ponerse el uniforme representa un orgullo y un compromiso con la comunidad que ahora se ve socavado por la falta de apoyo y reconocimiento por parte de las autoridades”.
Ayer lunes se conoció la información de que al menos dos policías que prestaban servicios en nuestro departamento renunciaron, entregaron el arma y el chaleco.