El gobierno japonés anunció que dentro de un par de años empezará a arrojar al océano las más de un millón de toneladas de agua «radiactiva» almacenadas en tanques de la accidentada planta nuclear de Fukushima, una medida a la que se oponen naciones vecinas, pescadores locales y múltiples organizaciones ecologistas encabezadas por Greenpeace.
La decisión, que se venía barajando desde hace tiempo, fue tomada en una reunión de gabinete al término de la cual, el premier nipón, Yoshihide Suga, calificó la determinación de «inevitable» y «la opción más realista».
El mandatario garantizó varias cosas, entre ellas que en instalaciones construidas a tal efecto y respetando «todos los stándares de seguridad», la masa líquida liberada al Pacífico será «descontaminada» -les eliminarán los muy tóxicos estroncio y cesio, pero quedará el tritio, difícil de separar pero que no resulta dañino en pequeñas cantidades-.
«No podíamos posponer esta solución, necesaria para mejorar el medio ambiente que rodea la central y, de ese modo, permitir que los lugareños puedan vivir allí de manera segura», insistió el dignatario antes de recordar que la empresa operadora de la planta viene advirtiendo que la capacidad para albergar esta verdadera «bomba de tiempo» se agote en el otoño de 2023.
«Los niveles de tritio que se tirarán estarán por debajo de los parámetros sanitarios nacionales, al ser mezclado con agua marina. Se trata de una práctica habitual en la industria atómica», añadió Suga.
QUEJAS
China, que prometió hacer un «minucioso» seguimiento de la situación y reservarse «el derecho de aplicar otras respuestas», y Corea del Sur, mostraron su inquietud por las implicaciones medioambientales de este vertido (Seúl convocó al embajador japonés Koichi Aiboshi para presentar una protesta formal)
