La reciente designación de los representantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ante el Consejo de la Magistratura no fue un trámite administrativo más. El ministro José Valerio emitió un voto en disidencia que funciona como una verdadera radiografía crítica de un sistema que, según su visión, se encuentra institucionalmente degradado y al borde de la inconstitucionalidad.
Para Valerio, la Corte no debió nombrar nuevos representantes sin antes debatir y corregir los «defectos estructurales» de un órgano encargado de seleccionar a los jueces de la provincia. Su postura se articula sobre tres ejes de extrema gravedad: la perpetuación de cargos, la discrecionalidad en los puntajes y el secreto en las decisiones.
El ministro planteó una impugnación de fondo contra el funcionamiento actual del Consejo, calificándolo como un sistema que ha traicionado su mandato constitucional de transparencia e idoneidad. Sostuvo que el organismo se encuentra sumergido en una crisis de legitimidad debido a prácticas que vulneran el espíritu del artículo 150 de la Constitución de Mendoza. La denuncia más grave apunta a una ingeniería jurídica utilizada para eludir la prohibición de reelección inmediata, mediante la cual se intercambian los roles de titulares y suplentes para permitir que un mismo funcionario permanezca efectivamente en el cargo por más de diez años. Esta permanencia indefinida, según el magistrado, fomenta la creación de grupos de interés o camarillas que desnaturalizan la selección de jueces.
El análisis de Valerio también pone el foco en la alarmante concentración de poder discrecional que hoy ostenta el Consejo, el cual decide de manera subjetiva y secreta el sesenta por ciento del puntaje total de los aspirantes. El ministro fustigó que se haya reemplazado la alta exigencia técnica por un estándar mínimo de aprobación sin puntaje, otorgando una ventaja decisiva a las entrevistas personales que se realizan sin registro público ni transparencia. Esta metodología ha provocado, según sus palabras, una espiral del silencio donde los propios concursantes, sean magistrados o abogados de la matrícula, evitan denunciar irregularidades por un fundado temor a sufrir represalias o ser cancelados en futuros concursos, lo que debilita el carácter republicano del sistema.
Frente a este diagnóstico, Valerio propuso que la Corte debería haber ejercido su facultad de iniciativa legislativa para reformar la ley antes de convalidar nuevas designaciones. Su propuesta técnica consiste en retornar al equilibrio de la Ley 7.719, donde el puntaje técnico a cargo de comisiones evaluadoras independientes representaba el cincuenta por ciento del total, limitando la discrecionalidad del Consejo a un máximo del veinticinco por ciento. Además, exigió que cada evaluación sea individual, fundamentada y de acceso público para que la sociedad pueda auditar el proceso. En conclusión, el magistrado consideró que designar a un representante del máximo tribunal para presidir un sistema con reglas que todos admiten como deficientes es un error institucional que prioriza la formalidad por sobre la responsabilidad de garantizar una justicia verdaderamente independiente para los mendocinos.
