La titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, habría presentado la renuncia a su cargo luego de denunciar violaciones de los derechos humanos en el operativo organizado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en Villa Mascardi.
A lo largo de la jornada, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad pusieron el foco en las supuestas violaciones a los derechos humanos. Según Gómez Alcorta, las fuerzas a cargo del operativo habían detenido a diversas mujeres. La respuesta del Ministerio de Seguridad fue simple: «No hubo represión».
Pero, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un documento en la causa para marcar su preocupación por el ataque a mujeres que se encontraban en el lugar, incluso una embarazada que estaría en riesgo de vida, según su denuncia. Al cierre de esta edición, el Gobierno no había tomado una dcisión al respecto.
Gómez Alcorta afirmó: «La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niños muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta».
Lo cierto es que Gómez Alcorta siempre mostró un interés particular por las tomas en el sur del país y la causa mapuche. Hace unos años, Gómez Alcorta fue abogada del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.
Por eso, se sumó a la causa del desalojo del martes. Y explicó: «Presentamos un escrito judicial en la causa, haciendo saber el riesgo de vida que corría esta mujer embarazada, que se llama Romina, y la preocupación que eso conlleva».
Luego, argumentó que «todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho. Ayer a la tarde, la jueza dispuso el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de mujeres de Ezeiza, con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Es gravísimo. A estas 4 mujeres las trasladan a 1500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, una abogada, sin haber tenido contacto con nadie. Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa».
Finalmente, sostuvo que «la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia».
