Hay malestar en el sector frutícola por la aplicación de multas millonarias

En los últimos días, algunos industriales frutícolas denunciaron que recibieron fuertes multas en relación al plazo impuesto por la normativa sobre contratos agrícolas. Según alegan desde ese rubro, las abultadas sanciones se aplican como consecuencia de la presentación de contratos fuera de término, algo que, según ellos, es propio del manejo del sector.
«Esta ley se crea en el 2018 y se pone en funcionamiento en el año 2019. Surge a partir de un conflicto entre una bodega en particular y un grupo de productores. Tengo entendido que habían acordado un precio y no se respetó. Entonces, el Estado como siempre tan inteligente, aprovechó para generar un impuesto nuevo. Esta ley que creó el Registro de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas es inconstitucional. Se implementó solamente para recaudar con el pretexto de que defiende al sector. Desde la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM) se debatió mucho sobre este tema. De hecho, muchas industrias prefirieron desde un comienzo judicializar el tema. Esta ley no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a la vigencia de presentación de contratos, a excepción de este año, cuando el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, la extendió hasta el 30 de abril por las contingencias climáticas», dijo Germán Perón, dueño de la pulpera Fénix S.A. Fruit Purees, en una entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
«A nosotros nos llegó una multa de 30 millones de pesos por contratos presentados después de esa fecha. Lo que sucede es que trabajamos también en los meses de mayo y junio, es como un castigo a poder seguir haciéndolo. Durante esos meses se trabaja con fruta de Río Negro, las de menor tamaño terminan en la industria. El gobierno siempre predica que está a favor de la actividad privada, pero me parece que es solo un discurso, ya que no lo termina plasmando. Tuvimos que parar la producción la semana pasada porque el próximo año no nos queremos encontrar con otra sorpresa. Incluso, el año pasado tuvimos algunas conversaciones y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, pero las multas empezaron a llegar. También sancionaron a muchas empresas muy pequeñas y con valores que van desde el millón de pesos a los tres millones. A las empresas grandes le llegaron multas de cien millones de pesos», aseguró Perón.
«Según lo que estimamos con nuestros colegas, las multas superan los 500 millones de pesos. Me parece que el espíritu es básicamente recaudar. Es una ley que la tomaron de la viticultura y la aplicaron a todas las actividades. No es lo mismo cosechar uvas que duraznos», argumentó el titular de Fénix S.A.
Después, confrontó con el titular de Fiscalización y Control, José Ricardo Cortez, quien indicó que los montos de estas sanciones no son tan abultados y que solo se trata de algunas excepciones por infringir las normas de los contratos de comercialización. «Entiendo la postura de Cortez. Él trabaja para el Estado y tiene órdenes de salir a defender esa postura. Hubo muchas reuniones con él, espero que después de esto no empiecen las persecuciones. Igual, ya nos tienen un poco acostumbrados a eso. Hace unas horas (por el sábado pasado) nos reunimos en General Alvear con muchísimos industriales y tomamos la decisión por unanimidad de que vamos a tratar de derogar la ley. El tiempo siempre da la razón, muchas empresas presentamos una demanda. Nosotros somos una empresa netamente exportadora, presentamos todos los contratos y las facturas correspondientes. El pago al Iscamen está todo documentado. Habrá que esperar qué determina la Justicia. Creo que ese el camino que van a tomar también otras plantas», subrayó.
Al final, se refirió a la instancia judicial en la que se encuentra este conflicto. «Se presentó una medida revocatoria, hay empresas que están cerca apelar ante la Suprema Corte de Justicia. Muchos legisladores se comunicaron con nosotros, y nos aportaron el material necesario que respalda nuestro pensamiento: esta ley es inconstitucional. No contempla los procesos productivos, presentar los contratos antes del 30 de abril es una irracionalidad. El mes pasado pagamos 26 millones de pesos a las más de 200 personas que tenemos trabajando. Una planta parada para una economía como la nuestra es un perjuicio enorme. Nuestro espíritu no es ponernos a pelear con nadie, simplemente pedimos que nos dejen trabajar, que es lo que le hace falta a este país», remató al cierre de la nota.