El 20 de septiembre se conmemoró en nuestro país el “Día del Jubilado”. El origen de la celebración se remonta al 20 de septiembre de 1904, cuando se sancionó la primera ley de jubilación durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Ese año se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que inicialmente solo beneficiaba a los trabajadores del Estado. De ese modo dio los primeros pasos el sistema contributivo argentino, con el que cada trabajador brinda una parte de su sueldo para el momento de su retiro.
En 1954, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se pasó de un sistema de capitalización individual a uno de reparto, que funcionó hasta 1994, cuando –reforma previsional mediante– nació el cuestionado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con las famosas AFJP administrando los fondos que los trabajadores aportaban. Esto duró hasta 2008, cuando se promulgó la Ley 26.425, que descartó la jubilación por capitalización para volver al sistema previsional público y obligatorio que funciona hasta nuestros días.
El sistema previsional argentino también es objeto de la famosa bipolaridad de opiniones nacional. Así, desde algunos sectores se sostiene que es «insostenible» porque «no alcanza con los aportes y contribuciones» para cubrirlo por el alto porcentaje de empleo informal y porque “se han incorporado al sistema muchas personas que nunca aportaron”. En la vereda opuesta, quienes consideran que «la seguridad social es una decisión política que toma el Poder Ejecutivo cuando desarrolla el presupuesto».
En lo que todos los opinantes parecen coincidir –al menos discursivamente– es en que una parte mayoritaria de la clase pasiva nacional no percibe el dinero suficiente para lograr una vida digna después de décadas de trabajo, registrado o no, con buenos o malos empleadores. Es allí donde debería centrarse la discusión para encontrar eventuales soluciones y para que nuestros jubilados tengan un verdadero motivo para celebrar su día.
