Nahuel y Luciano Bento estaban citados para este miércoles a prestar indagatoria. No estaban obligados a declarar; de hecho, una de las garantías constitucionales es poder guardar silencio. Pero sí había que cumplir con ese paso procesal para que la investigación en contra de ellos pueda avanzar. No lo hicieron. Después de unos intentos fallidos del abogado Mariano Cúneo Libarona para postergar la convocatoria, decidió jugar la última carta: trastornos psiquiátricos y psicológicos. Y ahí sí, certificados mediante, la indagatoria quedó suspendida.
El 10 de marzo, los hijos del juez imputado y procesado como líder de una asociación ilícita que se dedicaba al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, fueron imputados por ser sospechosos de realizar maniobras de lavado de activos. Esto significa que, para los pesquisas, tanto Nahuel como Luciano efectuaban maniobras lícitas para blanquear el dinero que su padre obtenía de manera ilegal. En la valoración de las pruebas en su contra también actuó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El viernes pasado, Cúneo Libarona presentó un escrito para aplazar la indagatoria y diferirla para cuando la pericia contable, que está a cargo de la Corte Suprema, estuviese terminada. Fue un tiro por elevación para ver si pegaba en algún lado. La petición no era más que una medida dilatoria porque, se sabe, no hace falta que estén las pruebas producidas para sentar a un imputado frente a un fiscal y a un juez.
Tal como se preveía, la respuesta a esa propuesta fue negativa, y la citación continuó vigente.
Este martes, sin embargo, el mediático abogado elevó la apuesta: presentó una serie de certificados firmados por psiquiatras y psicólogos que aconsejaban no someter a ninguno de los jóvenes a una situación de estrés debido a los diferentes trastornos que presentaban. De hecho, el mismo día que fueron imputados, ambos obtuvieron el certificado de un psicólogo que mostrarían varias semanas más tarde. La maniobra dio resultado.
Nahuel (30) y Luciano (27) trabajan en Tribunales Federales. El primero lo hace en la Cámara y el más chico en el Tribunal Oral 1. Los dos están con licencia psiquiátrica, que solicitaron el año pasado cuando su padre y su madre (Marta Boiza) quedaron involucrados en el escándalo de las coimas.
De los dos, el que más actividad ha tenido es Nahuel. Se lo vio participar de diferentes eventos sociales y presentarse como expositor en diferentes grupos de estudios y jornadas de Derecho.
La situación de Nahuel y Luciano implica, en este momento, un limbo judicial. Es una grieta en el sistema que suele usarse como estrategia de defensa: no están en condiciones para prestar indagatoria y eso los hace no justiciables, pero tampoco se los considera incapaces como para considerarlos inimputables.
Ahora, será la Corte la que deberá poner sus peritos para determinar si, fehacientemente, ninguno de los dos está en condiciones de sentarse en el banquillo de los acusados. Mientras eso ocurre, el tiempo juego a favor de ellos.
De lo contrario, el juez Eduardo Puigdéngolas hubiese tenido diez días después de la indagatoria para resolver la situación de los hijos de Bento.
En ese caso, un procesamiento hubiese significado casi la inmediata suspensión laboral, la prohibición de entrar al edificio de Tribunales Federales y hubieran dejado de percibir el sueldo. Porque sí: a pesar de la licencia, siguen cobrando.
Fuente: El Sol
