La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó el cierre de su intervención en el juicio por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la sentencia que en 2023 había condenado a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones a los fondos demandantes. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el recurso presentado por Burford Capital para revisar el fallo favorable al Estado argentino.
La resolución de Preska se produjo después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocara la condena en marzo de este año. Los magistrados consideraron que la jueza había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al analizar la demanda por la estatización de la petrolera, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Fuentes de la Procuración del Tesoro señalaron que se trataba de un trámite procesal esperado y que la decisión no significa que el litigio haya terminado definitivamente. La Corte Suprema todavía debe resolver si acepta intervenir a partir de la presentación realizada por Burford a comienzos de octubre.
El origen del conflicto y los próximos pasos
La causa comenzó luego de la expropiación de YPF, cuando Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron a la Argentina. Los fondos sostuvieron que la operación había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios al no respetar las disposiciones del estatuto de la compañía. Burford Capital financió el litigio y adquirió los derechos de los antiguos accionistas.
En 2023, Preska había dictado una sentencia que condenaba al país a pagar más de USD 16.100 millones, una cifra que con los intereses llegó a superar los USD 18.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al interpretar que la legislación argentina sobre expropiaciones impedía las demandas de terceros que interfirieran con ese procedimiento.
Tras el fallo adverso, Burford solicitó una revisión ante el plenario del Segundo Circuito, pero el pedido fue rechazado en junio. Por ese motivo, la apelación ante la Corte Suprema quedó como la principal vía judicial disponible en Estados Unidos para intentar revertir la decisión.
La presentación no obliga al máximo tribunal estadounidense a tratar el caso. Mediante el recurso conocido como certiorari, los demandantes solicitan que los jueces revisen el expediente, pero la Corte decide discrecionalmente qué causas acepta. Según las fuentes citadas por Infobae, recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por período de sesiones y concede la revisión de alrededor de 80 casos.
Mientras espera una definición, la Argentina prepara su estrategia de defensa. Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que continuarán defendiendo los intereses del Estado, mientras que Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
El cierre formal de la instancia ante Preska representa un avance procesal para la Argentina, pero el desenlace definitivo dependerá de los próximos pasos judiciales. La Corte Suprema deberá determinar si acepta el pedido de Burford y vuelve a abrir la discusión sobre una de las demandas más relevantes contra el Estado argentino.
