La crisis está vigente. Eso está claro, más allá de las afirmaciones oficiales que se escudan en la acción contra la inflación, de por sí positiva, pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Días atrás se conoció un dato revelador: más de 10.000 pymes cerraron en los primeros ocho meses de gestión del presidente Milei, en un contexto de «recesión deliberada» aplicada por su Gobierno, según advirtió el presidente de la asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (Enac), Leo Bilanski.
El dirigente señaló que, «con el objetivo de bajar la inflación», que el sector empresario comparte, «se están llevando puestas empresas pymes de manera brutal».
«El ajuste parece que no lo está pagando la casta. Lo estamos pagando los empresarios pymes que invertimos y pagamos impuestos, además de los trabajadores que se quedan en la calle y no tienen un salario a fin de mes», expresó Bilanski.
Asimismo, advirtió que el cierre de empresas ya le había ocurrido al Gobierno de Mauricio Macri, en su última parte, cuando también fue integrado por el actual ministro de Economía, Luis Caputo. En el mismo sentido, el dirigente sostuvo que el Gobierno no está cumpliendo con la promesa de bajar impuestos a las empresas.
Milei y su equipo pugnan por controlar la inflación a capa y espada. Pero esas medidas –a la vista está- afectan de manera directa al consumo y a la producción, en detrimento claro de las pequeñas y medianas empresas, las que no tienen las espaldas como las grandes, que pueden sostener este trance por un tiempo relevante. Además, los trabajadores de pymes observan y sufren que el cambio de gobierno no ha deparado hasta ahora ninguna medida que los beneficie. Ninguna.
El reclamo del sector pyme es cada vez más fuerte. Y de la salud de ellas dependen muchas fuentes de trabajo. Demasiadas como para que la situación social del país no comience a mostrar signos de desilusión y crítica.
