Una medida precautoria frenó la voluntariedad del CIU y del SEC 05 tras un amparo presentado por entidades del sector. La resolución judicial garantiza la trazabilidad y brinda previsibilidad a productores y bodegas mientras se analiza el fondo de la cuestión.
La Justicia federal hizo lugar a una medida precautoria que suspende modificaciones centrales al digesto normativo vitivinícola impulsado a nivel nacional y mantiene, al menos por los próximos cinco meses, la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y del CEC 05, dos herramientas consideradas claves por gran parte de la industria para garantizar la trazabilidad, la propiedad del productor y la transparencia del proceso productivo. La resolución judicial surge a partir de un amparo presentado por diversas entidades del sector, entre ellas la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, la Unión Vitivinícola Argentina, cámaras sectoriales y organizaciones de distintas provincias vitivinícolas.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Nicolás Vicchi, gerente de ACOVI, explicó que la presentación judicial se dio luego de múltiples instancias de diálogo frustradas con el Gobierno Nacional. “Entendemos que el tema del CIU, la obligatoriedad del CIU, como el CEC 05, son cuestiones sumamente importantes y necesarias que se deberían mantener dentro del digesto normativo”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el sector acompañó “la gran mayoría, casi la totalidad, de las reformas que se planteaban”, pero consideró inaceptable avanzar sobre estos dos puntos.
Vicchi remarcó que la postura fue unánime dentro de la cadena vitivinícola y contó con el respaldo de los gobiernos provinciales. “Toda la industria en su conjunto, con el Gobierno Provincial de Mendoza, San Juan y los Ministerios de Producción de otras provincias vitivinícolas, coincidíamos que esto era sumamente importante para garantizar la trazabilidad, la propiedad del productor de la uva, el proceso de elaboración y la información pública para tomar decisiones de política vitivinícola”, afirmó.
Consultado sobre los motivos por los cuales el Ejecutivo nacional insistió en modificar estos sistemas, el dirigente fue crítico. “La verdad es que no tiene mucho sustento lógico. Si vos estás buscando el beneficio de un sector y ese sector en su totalidad te está diciendo que está de acuerdo con casi todo, salvo 2 o 3 puntos que todos coinciden que hay que dejarlos, no tiene lógica intentar imponerlo de manera forzada”, expresó. En ese sentido, subrayó que desde el sector se fundamentaron las razones técnicas y productivas y se priorizó el diálogo. “Se buscó siempre el respeto, pero no quedó otra medida más que la judicialización del tema”, agregó.
La resolución judicial implica que, durante la actual cosecha, se mantengan las reglas vigentes hasta ahora. “El juez ha hecho lugar a la medida precautoria y lo que dice es que no se aplica el digesto en estos 2 puntos. La voluntariedad del CIU no se aplica y se mantiene la obligación del CIU y del CEC 05, con toda la regla de juego como estaba antes”, explicó Vicchi. El magistrado se tomó un plazo de 5 meses para analizar la cuestión de fondo y luego resolver de manera definitiva.
Si bien el dirigente fue prudente respecto al resultado final del proceso, valoró el alcance de la decisión. “Como toda instancia judicial, no puedo garantizar con certeza absoluta una resolución favorable, pero cuando el juez entiende que hay un posible peligro en la demora y que puede generarse un perjuicio, también está entendiendo nuestro planteo”, señaló. En esa línea, insistió: “Entendemos que tenemos toda la fundamentación jurídica para sostener lo que estamos planteando”.
Durante la entrevista, Vicchi también se refirió a las declaraciones públicas del ministro Federico Sturzenegger, quien comparó la situación del sector vitivinícola con el fútbol argentino. “Desde el punto de vista del cooperativismo fue un gusto amargo. Nunca pensé que un ministro nos comparara con el fútbol y con lo que está pasando en la AFA”, dijo, y agregó que esa mirada “está cuestionando el trabajo de años y años de productores que afrontan el clima, la situación económica, la crisis hídrica y buscan mejorar la calidad y la productividad”.
Para el gerente de ACOVI, esos dichos “rozaron lo inapropiado y la falta de respeto”, aunque destacó que la reacción fue inmediata. “Gracias a Dios toda la industria y también el sector político, desde el gobernador hasta el ministro Vargas Arizu, salieron a respaldar al sector. También lo hicieron instituciones como la Cámara de San Rafael y la Federación Económica”, remarcó, y consideró que allí “se entendió que se estaba violentando la institucionalidad de la vitivinicultura y de la provincia”.
La medida judicial trajo alivio en un contexto de fuerte incertidumbre, con la cosecha a punto de comenzar. “Eso es lo positivo, que ahora en esta cosecha se mantiene la obligatoriedad del CIU y del CEC 05”, indicó Vicchi, quien no cerró la puerta al diálogo. “Esperamos no perder la esperanza de que el diálogo se siga manteniendo y que el ministro pueda entender que no es el camino correcto dejar de lado herramientas que al sector le han servido”, señaló.
En relación con las diferencias internas dentro de la industria, particularmente con Bodegas de Argentina, Vicchi fue cauto. “Somos muy respetuosos de las instituciones. Esa pregunta la debería responder Bodegas de Argentina. Nosotros ya hemos planteado nuestra posición y creemos que no debe dejarse a la voluntariedad”, afirmó, y recordó que el CIU “se implementó en la década del 90, en un contexto de reformas económicas, y aun así se entendió que la vitivinicultura necesitaba regulación por sus características propias”.
Finalmente, el dirigente coincidió con recientes declaraciones del gobernador de Mendoza, quien comparó la trazabilidad vitivinícola con la del sector ganadero. “Para que haya libertad tiene que haber orden, y el orden supone regulación. Regulaciones inteligentes, lógicas, razonables. No todo lo que se regula es malo” y agregó: “Por eso mismo, no quiere decir que no estemos en coincidencia con muchas cosas que se están dando pero sí es verdad que tienen que haber ciertas garantías que la misma regulación la debe brindar con la razonabilidad y la proporcionalidad propia de toda regulación”, concluyó Vicchi, reafirmando la postura de un sector que defiende el control como garantía de desarrollo y previsibilidad.
