Mendoza está inmersa en una tensión histórica entre el desarrollo económico que necesita y la firme protección de su recurso más vital: el agua. Esta encrucijada se centra en la minería metalífera, una actividad que el gobernador Alfredo Cornejo impulsa activamente, considerándola una gran oportunidad de diversificación y crecimiento, especialmente para el cobre.
El Ejecutivo acaba de enviar a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), ubicado en Uspallata. Este movimiento busca darle la máxima previsibilidad y transparencia a la inversión, tal como lo enfatiza Cornejo, quien sostiene que la provincia puede estar a la vanguardia en legislación ambiental y minera, apoyándose en un expediente técnico de miles de fojas.
El principal obstáculo y a la vez el reaseguro ambiental es la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro en la minería metalífera. Históricamente, esta ley fue la bandera de la ciudadanía y marcó el triunfo del principio precautorio sobre el desarrollo extractivista, como se vio en la masiva movilización de 2019 que forzó la derogación de su intento de modificación.
Sin embargo, en este contexto de necesidad económica y el nuevo impulso político, la aceptación ciudadana parece estar evolucionando, según los estudios de opinión. Un reciente sondeo de Poliarquía detectó que la opinión pública mendocina mantiene un «beneficio de la duda» favorable hacia la minería. Más de la mitad de la población apoya o tiene reservas, pero la asocia a una potencial generación de empleo y crecimiento económico, aunque persiste la exigencia de controles estrictos por parte del Estado para garantizar la protección del agua.
Esta división social es clave: la mitad de los mendocinos apoya la actividad, mientras que la otra mitad mantiene reservas, lo que indica que la licencia social no es un rechazo monolítico, sino una cautela condicionada a la transparencia y la fiscalización ambiental. El desafío para la Legislatura y el Gobierno es monumental: encontrar el punto de equilibrio entre el impulso económico del cobre, la voluntad política del Ejecutivo y la firmeza de la Ley 7722, honrando al mismo tiempo la demanda de la población de priorizar el cuidado del agua. El futuro de San Jorge y otros proyectos, como los de exploración en Malargüe, dependerá de si el andamiaje legal propuesto es suficiente para persuadir a la mitad de la sociedad que todavía mantiene dudas sobre la capacidad del Estado para controlar la actividad.
