La desaparición de casi 22.000 empresas durante la gestión del presidente Milei representa una tragedia productiva sin precedentes cercanos. Este fenómeno ocurre mientras el Congreso nacional debate una reforma laboral que pretende presentar a la protección del trabajador como el principal obstáculo para la supervivencia empresarial. Resulta necesario analizar si este cementerio de persianas bajas responde realmente al costo de los derechos laborales o si es la consecuencia directa de un modelo económico que ha pulverizado el mercado interno.
Las estadísticas oficiales confirman que la inmensa mayoría de las firmas afectadas pertenecen al sector de las pequeñas y medianas empresas. El comerciante sanrafaelino no cierra su local porque las leyes de protección al empleado sean excesivas. El empresario pyme baja la persiana porque los clientes ya no tienen capacidad de compra para sostener la actividad mínima. La retracción del consumo ha llegado a niveles inéditos y ha transformado a los centros comerciales en espacios de subsistencia crítica.
Cabe preguntarse si el gobierno nacional considera seriamente que estas empresas son víctimas de la legislación vigente. Resulta llamativo que se insista con la flexibilización laboral como única respuesta ante una crisis de demanda tan profunda. El oficialismo parece ignorar que el verdadero motor de la economía es el consumo de los trabajadores que hoy ven licuados sus ingresos. Una empresa sin ventas es inviable con o sin reformas en el marco normativo de las contrataciones. San Rafael padece este proceso de desmantelamiento productivo con una angustia que se traslada a cada barrio del departamento. La estabilidad fiscal no puede ser el único objetivo cuando el costo es la destrucción del tejido pyme nacional. El futuro de nuestra comunidad depende de una visión que proteja el trabajo y fomente la producción real por encima de las teorías de gabinete que desprecian la realidad del bolsillo de la mayoría.
