Históricamente, el equilibrio entre las necesidades del capital y los derechos del trabajo ha sido el cimiento de la paz social en la Argentina. Cada vez que ese contrato tácito se ha puesto en discusión, la sociedad ha transitado procesos de profunda introspección y, no pocas veces, de tensión. La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación —que ahora aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados— nos sitúa nuevamente ante uno de esos momentos bisagra. Lo que el oficialismo presenta como un paso necesario hacia la modernización productiva, despierta en amplios sectores de la sociedad temores fundados sobre una posible institucionalización de la precariedad.
El núcleo de la reforma introduce cambios significativos que alteran la relación laboral tal como la conocemos. La extensión de los períodos de prueba y la eliminación de las multas por el empleo no registrado no son simples ajustes técnicos; representan un cambio de paradigma. Para el trabajador de San Rafael, cuya economía se sostiene en gran medida gracias a pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de un período de prueba extendido hasta un año genera un interrogante inevitable sobre la estabilidad a largo plazo. La planificación de una familia, el acceso a un crédito o la simple seguridad del techo propio dependen de una previsibilidad que hoy parece quedar supeditada a las fluctuaciones de un mercado cada vez más volátil.
El análisis de esta reforma no puede escindirse del contexto económico actual. Si el incentivo para el empleo formal se diluye, el riesgo de que la informalidad gane terreno es real, dejando a muchos mendocinos despojados de la red de seguridad que brindan los aportes previsionales y la cobertura de salud. La búsqueda de competitividad empresarial es un objetivo válido, pero cabe preguntarse si el costo de esa eficiencia debe ser la erosión de las garantías mínimas de quien pone su fuerza de trabajo.
La llegada del proyecto a la Cámara de Diputados coincide con un clima social que comienza a mostrar signos de agotamiento. Si la respuesta legislativa a esta crisis es únicamente la flexibilización, el riesgo de que la temperatura social se eleve es una posibilidad que la política no debería subestimar. La verdadera modernización de las leyes laborales debería ser aquella que logre integrar al país en el mundo sin desproteger a quienes, con su esfuerzo diario, sostienen el tejido productivo de nuestro país.
