El caso del concejal Martín Antolín, sorprendido en plena ciudad de Mendoza conduciendo con una alcoholemia positiva, desvía la mirada de la eterna disputa partidaria y la enfoca en un punto fundamental: la responsabilidad intrínseca del representante del pueblo.
Un concejal no es solo el delegado de un partido o una ideología; es el depositario de la confianza cívica, la persona elegida para legislar y velar por el bienestar de su comunidad. El cargo público, sea cual sea el color político, exige un estándar de conducta superior al del ciudadano promedio, pues implica que cada acción del funcionario es observada y, potencialmente, imitada. Es, en esencia, un mandato de ejemplaridad.
La irresponsabilidad demostrada al ponerse al volante bajo los efectos del alcohol es un error que trasciende la etiqueta política. No se trata de un debate sobre impuestos o libertades, sino de una falta grave contra el pacto social. Conducir en estado de ebriedad es un acto de egoísmo que pone en riesgo la vida de cualquier vecino, sin distinción de voto o ideología. Es un desprecio por la seguridad pública que el mismo concejal está obligado a proteger y normar. Aquí no importa si Antolín es libertario, justicialista o radical. Lo que importa es que el legislador que debe aprobar y exigir cumplimiento de la ley, la quebranta de la manera más peligrosa.
El asiento en el Concejo Deliberante no es un privilegio, es una servidumbre pública. Y quien incumple el deber básico de no poner en peligro a sus electores —sus representados— ha roto, de manera irreparable, ese contrato de confianza.
La ciudadanía de San Rafael no necesita el espectáculo de un castigo partidario; necesita la certeza de que sus representantes entienden la gravedad de sus actos y asumen la responsabilidad. La lección del caso Antolín debe ser clara: la banca no es un escudo. Es una tribuna desde donde se predica con el ejemplo. Y cuando se traiciona ese ejemplo, la vuelta atrás es prácticamente imposible.
