Ayer se cumplió un año desde que George Floyd fuera a comprar cigarrillos en una tienda de Minneapolis (EEUU) y que, después de que el dependiente llamara a la Policía porque sospechaba que había pagado con un billete de 20 dólares falso, resultara muerto después de que el oficial Derek Chauvin mantuviera durante más de nueve minutos su rodilla sobre el cuello de Floyd, asfixiándolo.
Desde hace 12 meses los reclamos por la igualdad racial permanecen en el país “de la libertad” y, más allá de la revisibilización mundial de la problemática, la pregunta sigue siendo si las cosas mejoraron lo suficiente desde entonces.
En la actualidad, el Congreso estadounidense debate una ley que limite las prácticas de la Policía que puedan poner en riesgo la vida de las personas y que acuse los comportamientos racistas. Muchos allegados afirman que esa reforma policial está estancada.
«Desde el asesinato de Floyd hace un año, ha habido cientos de muertes con oficiales involucrados. Para detener esto debemos brindar transparencia y responsabilidad a la Policía. La ley George Floyd de Justicia en la Policía hace eso. Necesitamos convertirlo en ley», dijo en redes sociales la representante demócrata Karen Bass.
Las cifras demuestran que las unidades policiales militarizadas en EEUU se despliegan con mayor frecuencia en comunidades con menores ingresos –que suelen tener una gran proporción de residentes afroamericanos–, incluso si la tasa de delincuencia local está controlada, según un estudio de la Universidad de Princeton publicado en la revista científica PNAS.
El movimiento “Black Lives Matter” (“La vida de los negros importa”) comenzó en 2013 después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo de bala. El homicidio de Floyd reavivó el espíritu del reclamo. Lamentablemente, y más allá de la consigna, la vida de los negros, de los latinos, de los pobres y de varios grupos discriminados más sigue sin importarle a muchos.
