Finalmente, el Gobierno nacional reglamentó ayer la Ley de Góndolas (sancionada el 28 de febrero pasado), que tiene por objeto contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo.
Para ello, y entre otras medidas, la norma exige que en góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no supere el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características. Asimismo, deberá garantizarse un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales y por cooperativas y asociaciones mutuales.
La autoridad de aplicación (el Poder Ejecutivo nacional la designará) tiene 90 días para confeccionar un listado de los productos alcanzados por la ley, y arbitrar los medios para su publicidad. En tanto, los establecimientos comerciales alcanzados tienen 120 días corridos para hacer las modificaciones que sea necesarias e implementar las disposiciones ahora legales.
Históricamente, las prácticas anticompetitivas y desleales –generalmente relacionadas con la actuación de monopolios u oligopolios– han provocado distorsiones y aumentos desmedidos en productos de consumo masivo, con los consecuentes perjuicios a la población, a los pequeños productores y a las autoridades.
El libre mercado no puede estar nunca por encima del bien común. Defensa de la competencia, lealtad comercial y cuidado del consumidor deberían ser prácticas habituales en una política económica seria y justa. En el corto plazo habrá que encarar, también, la regulación del resto de la cadena de comercialización (no solo las bocas de expendio), donde se ocultan cuantiosos sobrecostos relacionados, por ejemplo, con las cargas tributarias, el acceso al crédito y los costos logísticos. Finalmente, los controles de la normativa –la actual y la futura– deberán ser suficientes y efectivos.
