Hace exactamente un año, en este mismo espacio, publicamos una nota editorial titulada “Los fondos de Portezuelo deben llegar al sur”. En aquella oportunidad estimamos que, frente a la decisión del por entonces presidente Alberto Fernández de ordenar un nuevo estudio de impacto ambiental para la presa, los esfuerzos mendocinos “deberían dirigirse a vislumbrar la posibilidad de destinar los fondos originalmente previstos para esa obra hidroeléctrica a otros proyectos que también son necesarios”.
En esa misma inteligencia, reclamamos que “las fuerzas vivas del sur de la provincia hagan lo suyo a fin de que, ante a un eventual destino de los dineros de Portezuelo del Viento a otras obras, las mismas se ubiquen en nuestra región, tal como la presa que iba a generarse en el departamento de Malargüe y que ahora parece peligrar en su concreción casi definitivamente”.
“En el marco de una temática donde muchas veces se habla de justicia –La Pampa considera que nuestra provincia la perjudica con el manejo de las aguas, Mendoza –por su parte- estima que esas acciones son justas, etc.-, también iría de la mano con lo justo que los fondos lleguen a obras que se ejecuten en el sur. Para ello, dirigentes sociales, legisladores, los intendentes y las poblaciones de San Rafael, General Alvear y Malargüe deberán aunar sus peticiones y lograr el objetivo a fin de que nuestra región no se vea doblemente perjudicada. Será este, entonces, uno de los objetivos más urgentes a asumir por los sureños para defender nuestros derechos”.
A un año exacto de aquella editorial, hay que decir que la intención del gobierno provincial va en franca dirección contraria a aquella expectativa: los 1.023 millones de dólares que llegarán desde Nación ni serán para obras hídricas ni para el sur de manera exclusiva.
El reclamo por una acción conjunta de los actores sociales sureños en pos de defender nuestros derechos se renueva. Y, hay que decirlo, estamos peor que hace un año.
