Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinó este lunes que los planes de seguro médico gestionados por los estados del país norteamericano deben cubrir las intervenciones quirúrgicas de reafirmación de género para personas transgénero.
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, que tiene su sede en Richmond, confirmó por 8 votos a 6 dos sentencias de tribunales inferiores que habían dictaminado que el plan estatal de seguro médico para empleados de Carolina del Norte discriminaba a los transexuales.
Las razones que adujeron fueron que el plan estatal no cubría las intervenciones quirúrgicas para «cambios o modificaciones de sexo» y que el programa Medicaid de Virginia Occidental discriminaba al excluir las «intervenciones quirúrgicas transexuales».
El juez de circuito Roger Gregory, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, escribió que esas políticas eran «discriminatorias» porque no cubrían tratamientos médicamente necesarios para personas transexuales que sí cubrían para otras.
Por ejemplo, cubrían una mastectomía para tratar el cáncer, pero no la disforia de género, la angustia causada por identificarse con un género distinto al asignado al nacer.
El tesorero de Carolina del Norte, Dale Folwell, dijo en un comunicado que el plan de los empleados del Estado «se enfrenta al riesgo real de una insolvencia inminente» y «no puede ser todo para todos». Agregó que «seguiría todas las vías legales disponibles para proteger el Plan y a sus miembros».
«La decisión del tribunal envía un mensaje claro de que la atención para la reafirmación de género es una atención médica fundamental para las personas transexuales y que denegarla es perjudicial e ilegal», declaró Omar González-Pagán, abogado del grupo LGBT Lambda Legal, que representó a los demandantes.
El fallo se da en el marco de una batalla más amplia sobre la atención sanitaria a personas transgénero. Al menos 22 estados, controlados por los republicanos, han aprobado leyes que restringen la atención médica a los menores de 18 años, lo que ha dado lugar a recursos judiciales con resultados dispares.
NA
